Política pone en peligro operatividad del Canal de Panamá

La exigencia por parte del Órgano Legislativo para que el Canal de Panamá dé mayores aportes se da en medio de una baja de un 7.3% en las recaudaciones con respecto a lo presupuestado, así como una deuda pública elevada que alcanza los $23 mil 64 millones, mientras que la vía interoceánica registra aumentos en sus ingresos por los peajes de un 19.7%.

Luego de que gremios empresariales, economistas y abogados se opusieran a la modificación del presupuesto del Canal por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional (AN), el organismo decidió ayer en horas de la tarde bajar el proyecto 508 nuevamente a primer debate.

Expertos indican que se debe analizar si en verdad el Estado requiere de más ingresos o hay un uso inadecuado del presupuesto nacional al no emplearse para atender las demandas sociales, sino para gastos suntuarios.

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, señaló recientemente que los únicos ingresos que tiene el Estado vienen de la recaudación de impuestos, préstamos obtenidos (deuda) y los aportes que brinda anualmente el Canal de Panamá.

El Canal de Panamá, para el año fiscal 2017, entregará al Tesoro Nacional 1,600 millones de dólares, 587 millones más que en 2016, tomando en cuenta que es el primer año que entran los aportes resultantes de la ampliación del Canal.

Sin embargo, ya para el 2018 tienen contemplado entregar la suma de 1,659 millones de dólares, lo que a juicio de los legisladores no es suficiente y pidieron aportes por $1,860 millones.

El economista Juan Jované señaló que están tratando de obtener dinero de la renta del Canal de Panamá para financiar un presupuesto eminentemente político.

"La renta del Canal se utiliza para que los ricos no paguen impuesto y para pagar parte del clientelismo", señaló el economista.

Presupuesto

El presupuesto del Canal para el año fiscal 2018, por la suma de  3,037.5 millones en ingresos, fue modificado en primer debate en la Comisión de Presupuesto de la AN, que exige mayores aportes, lo cual es contrario a las normas constitucionales que regulan el Canal de Panamá.

Entre las modificaciones del presupuesto del Canal figuran $5 millones menos en el renglón de combustible; a combustible para generación eléctrica, $12 millones menos; contratos de servicios no personales, de $221 millones quedaron en $148 millones.

Además, el reglón de materiales y suministro, de $73 millones quedó en $59 millones; servicios personales, de $65.3 millones quedaron en $36.1 millones; prestaciones laborales, de $76 millones a $72 millones.

Para proteger la autonomía de la Autoridad del Canal, el artículo 320 de la Constitución de la República expresamente establece que el presupuesto de la ACP no forma parte del presupuesto general del Estado y que el proyecto de presupuesto de la ACP que apruebe el Consejo de Gabinete solo puede ser aprobado o rechazado, mas no modificado, por la AN.

Este panorama se da cuando la mayoría de los ingresos con que cuenta el Gobierno para adquirir dinero y apostar a proyectos sociales que beneficien a la población parecen no estar teniendo los efectos deseados, quedando solamente los aportes del Canal como única vía para adquirirlos.

Al 31 de agosto pasado, la deuda pública de Panamá aumentó 1,396 millones 800 mil dólares, dado que registra un total de 23 mil 64 millones de dólares, mientras que para el mismo periodo del año anterior ascendía a 21 mil 667 millones 800 mil dólares, lo que a juicio de expertos es un saldo muy elevado que pone en riesgo la consecución de más deuda para obras.

En cuanto al total de ingresos corrientes del Gobierno, hasta julio pasado se reportó un déficit de 305 millones 746 mil, según lo presupuestado, que era de $4,182 millones 655 mil.

Contrario a los otros dos ingresos del Gobierno, el Canal de Panamá ha tenido unos primeros siete meses del año muy positivos en cuanto a sus ingresos por peajes.

Estos suman 1,317 millones 849 mil dólares, 19.7% más de lo recaudado en el mismo periodo de 2016.

"No les va bien con las recaudaciones y no solo tienen que pagar la deuda, sino conseguir nueva deuda para poder seguir operando, y llama la atención sobre el carácter regresivo del sistema tributario de Panamá", dijo Jované.

Por su parte, la Cámara de Comercio calificó como un exabrupto la modificación del presupuesto presentado por la ACP, que fue elaborado durante varios meses por parte de técnicos y especialistas, para mantener el funcionamiento de la ruta.

Inocencio Galindo De Obarrio, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que "se crea un precedente nefasto al imponer mayores aportes del Canal de Panamá al Tesoro Nacional para obras públicas, realizando recortes a otros rubros comprometidos por la Autoridad y el país".

En tanto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) le solicitó a la AN que cumpla con su función respetando el artículo 320 de la Constitución Política.

El presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Julio De La Lastra, indicó que este es un precedente nefasto. "Nadie está por encima de la ley y el desconocimiento de la Constitución de la República no exime nuestras responsabilidades de acatarla".

"No podemos inmiscuirnos en temas operacionales de la ACP, ya que podemos atentar contra la seguridad de la vía acuática", agregó el ejecutivo.

Por su parte, el abogado Víctor Martínez aseguró que los diputados que modificaron el presupuesto pueden ser demandados penalmente.

Destacó que en los últimos meses se han dado cambios en entidades como Pandeportes, donde quitaron a Roberto "Bob" Arango y nombraron a Mario Pérez, un dirigente del partido gobernante.

También en el aeropuerto de Tocumen, donde se nombró a Carlos Duboy, otro panameñista.