América Latina ha abierto nuevos y audaces caminos en los últimos años, haciendo de la lucha contra el hambre y la desigualdad una prioridad fundamental, en lugar de una mero corolario derivado de la generación de riqueza.
Obviamente no se trataba de una fórmula ya existente. Surgió a partir de la convergencia de las condiciones internacionales favorables, unida a la suficiente voluntad política para catalizar iniciativas y programas sometidos a escrutinio durante décadas de necesidades inexorables y urgentes.
Tal y como ha sucedido a menudo en el pasado, cuando un ciclo como este reorganiza el orden de las cosas para lograr importantes avances sociales, necesita tiempo para que todo se asiente antes de que las nuevas alianzas, ajustes y la estructura y la dinámica de la economía se adapten al nuevo perfil de la sociedad.
En un escenario internacional complejo, la economía de la región se está enfrentando ahora a un desafío para mantener -y ampliar- el notable progreso que ha paliado algunas de las profundas desigualdades sociales de la región.
Las deficiencias estructurales que seguimos experimentando -a pesar de todos los avances logrados- no disminuyen la importancia de este enfoque. Los compromisos para luchar contra el hambre y la desigualdad se han convertido en referentes para la región y son irreversibles, incluso después de la crisis de 2008, que ha tenido un coste importante para América Latina desde 2012.
Mientras, el volumen del comercio internacional se incrementó en un 3.3% el año pasado, los intercambios comerciales de América Latina crecieron menos del 2% (frente al 5% en 2013).
Los precios experimentaron un retroceso no menos significativo: la región se vio directamente afectada por la caída de un 5.5% en los precios medios de los productos en 2014.
Los efectos adicionales de este golpe a los precios de los alimentos, identificados por el servicio de información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pueden resultar favorables para el coste de vida urbano, pero reducen los ingresos de los agricultores descapitalizados incapaces de beneficiarse de un mayor volumen y rendimiento.
La FAO considera que este momento es idóneo para que las políticas públicas proporcionen una base sólida para evitar que las personas necesitadas recaigan en el hambre y la pobreza, y abran nuevos caminos para su emancipación.
Impulsar la agricultura familiar debería ser un elemento clave de estas políticas.
La agricultura familiar puede generar inclusión, ingresos, suministros, seguridad alimentaria y dinamismo local, devolviendo el doble de la inversión inicial realizada.
Se necesita compromiso político para liberar el enorme potencial de la agricultura familiar, tal y como demuestra la decisión de Brasil de sostener la demanda destinando el 30% del presupuesto de su programa de comidas escolares para la adquisición de productos locales a los agricultores familiares.
Los efectos multiplicadores de este tipo de enfoque pueden proyectarse si cuantificamos su factor de palanca.
En América Latina más de 16 millones de explotaciones agrícolas son las típicas granjas familiares, la mayoría, en primera línea de sectores de la sociedad especialmente vulnerables a los efectos de la recesión económica. Los gobiernos deberían prestar atención a la recomendación de la FAO: tienen que comenzar a comprar productos a los agricultores familiares y lanzar políticas que aumenten el volumen de su producción.
