"Sí existe una carta compromiso que certifica que la empresa Panama Ports Company (PPC) invertirá 200 millones de dólares en el desarrollo de la expansión del puerto de Balboa". Así empezó su defensa el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, ante las impugnaciones que podrían surgir a la resolución firmada con la empresa portuaria. Jácome asegura que el Gobierno ha tomado la mejor decisión al equiparar los beneficios fiscales de esta terminal con el resto de los puertos que operan en el país.
En medio de un sinnúmero de expedientes que recopilan información de PPC, Jácome destaca que el gerente de este puerto, Alejandro Kouruklis firmó, además, una carta intención en donde se compromete a otra inversión de 40 millones de dólares en Cristóbal, lo cual se efectuará siempre y cuando se desarrolle, tal lo acordado, la ampliación en Balboa.
Luego de que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), resolvió darle los mismos beneficios fiscales a PPC, con lo cual el Estado dejará de percibir cerca de 30 millones de dólares anuales en concepto de canon de arrendamiento y movimiento de contenedores, se han levantado posiciones adversas a esta decisión.
Sin embargo, Jácome enfatiza que su actuación, plasmada en una resolución por orden del Organo Ejecutivo, es legal desde cualquier punto de vista, lo cual se comprueba con resoluciones que en el pasado se basaron en el mismo fundamento jurídico.
En 1996 se aprobó el contrato de desarrollo, construcción, administración y dirección de una terminal de contenedores en el puerto de Coco Solo Norte, provincia de Colón, entre el Estado y Colon Container Terminal (CCT). A partir de la aprobación de este contrato se promulgó la Ley No 12 de 3 de enero de 1996, que en su artículo 2, se establece que con la promulgación de la presente Ley, todas aquellas empresas en condiciones similares a la presente contratación, que antes de la vigencia de la misma se hayan dedicado o las que se dediquen en el futuro a la construcción, desarrollo y a la administración de terminal de contenedores, tendrán derecho a acogerse a los mismos beneficios, incentivos, derechos, exoneraciones y créditos fiscales.
Según Jácome, con amparo de este artículo se equiparó los derechos de PPC, sin que este tema tenga que discutirse en el Asamblea Legislativa, " por tratarse de una equiparación y no de una renegociación del contraro".
En adición mencionó que en cuatro ocasiones Manzanillo International Terminal (MIT) se ha acogido a este artículo para tener las mismas ventajas fiscales que el resto de los puertos. " Entonces con este precedente no podemos darle beneficios condicionados a unos y a otros no". En este sentido, mencionó a manera de ejemplo que MIT fue exonerado del canon de arrendamiento que pagaba por las instalaciones utilizadas en la Zona Libre de Colón (ZLC).
" Jurídicamente no se puede hacer un análisis discriminatorio, además desde el punto de vista jurídico ellos -MIT- fueron los que marcaron este precedente", dijo Jácome.
El titular manifestó que la inversión de 240 millones de dólares que se realizará en su etapa inicial a más tardar a finales del 2003, convertirá a Panamá en un centro de trasbordo de mercancía; se duplicará el movimiento y la cantidad de naves que pasan por el país. Actualmente existen cerca de 8 empresas navieras que no pueden viajar a Panamá porque la capacidad del puerto de Balboa es limitada, agregó el ministro.
Esto además tiene un efecto multiplicador en cuanto a la carga que mueve el ferrocarril, de lo cual se beneficiará MIT por la cantidad de contenedores que estarán en tránsito del Atlántico al Pacífico.
PPC invertirá 200 millones en Balboa y 40 en Cristóbal
El titular del MICI enfatiza que la resolución es legal desde cualquier punto de vista, y con base jurídica en la Ley No. 12 de 1996.