Organizaciones populares de Honduras expresaron su malestar porque el presidente Carlos Flores vetó la creación de un banco estatal que financiaría a los pequeños productores, decisión que también sería inconstitucional.
Una coalición de organizaciones campesinas, cooperativas y de otra índole calificó de "desafortunado que el presidente de la República...vete el proyecto de creación del Banco Popular".
Según dijo la agrupación en un comunicado difundido el nuevo banco evitaría el "colapso" del sector productivo, y pidió que el Congreso Nacional someta el proyecto a otra deliberación.
El Banco Popular fue creado por el Congreso el 30 de octubre pasado y tendría un capital de 1,000 millones de lempiras (64 millones de dólares), que provendrían de la emisión de bonos por parte del Estado.
El proyecto fue una promesa de campaña electoral del titular del parlamento y candidato presidencial del gobernante Partido Liberal en las elecciones del pasado 25 de noviembre, Rafael Pineda, quien perdió frente al opositor Ricardo Maduro.
A pesar de que la Constitución da sólo 10 días al Ejecutivo para vetar o sancionar una ley aprobada por el parlamento, Flores lo hizo el pasado miércoles, casi un mes y medio después.
El ministro de la Presidencia, Gustavo Alfaro, aseguró que se trata de "un veto parcial, en cuanto a la entrada en vigor" de la ley del banco, pues debe complementarse con el nuevo Presupuesto General del país.
Alfaro adujo que los recursos para el Banco Popular deben incluirse en el presupuesto, cuya aprobación el Congreso aplazó hasta después de que asuma el nuevo Gobierno, presidido por Ricardo Maduro, del opositor Partido Nacional, el 27 de enero próximo.
El veto de Flores no se refiere al contenido del proyecto, ya que "las opiniones fueron expresadas en su oportunidad por el Banco Central y el Ministerio de Finanzas", que lo rechazaron, añadió el ministro, en declaraciones que publicó la prensa local.
Pero dirigentes populares y diputados señalaron que la Constitución no establece el "veto parcial", lo que, sumado a la tardía decisión de Flores, mantendría con vida el proyecto.
"No existe el veto parcial", afirmó el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, el diputado oficialista Rolando Cárdenas, mientras que el dirigente cooperativista Marcial Murillo subrayó que "una ley se veta totalmente o se sanciona".
El economista Nelson Avila, promotor del proyecto y miembro del equipo de campaña del presidente del Congreso, aseveró que "el Banco Popular existe jurídicamente, de conformidad con la Constitución de la República".
La ministra de Finanzas, abriela Núñez, indicó, entre otros argumentos contra el banco, que en Honduras no hay mercado para la circulación de bonos por 64 millones de dólares de corto plazo, pues se emitiría la mitad en 2002 y la otra en 2003.
El Banco Popular tampoco fue incluido en el nuevo programa económico que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó en octubre al Gobierno de Flores, indicó la ministra.
El Banco Popular fue cuestionado desde que surgió la iniciativa, en parte por ser un proyecto electoral y también por la corrupción que ha prevalecido en varias entidades financieras del Estado, algunas de las cuales quebraron por el saqueo de sus recursos.
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