Cifras
- 21 personas han cancelado las lesiones patrimoniales en las que fueron implicados.
- 48 productores estuvieron implicados en diversos hechos, según el Tribunal de Cuentas.
Entidad
- El Tribunal de Cuentas tiene dentro de sus objetivos garantizar a la ciudadanía en general que los fondos o bienes del Estado, sustraídos y malversados en cualquier forma, sean recuperados.
- La Ley 67 del 14 de noviembre de 2008 deroga el Decreto de Gabinete N.° 36 de 10 de febrero de 1990 y desaparece la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, dando paso a la creación del Tribunal de Cuentas.
Al menos 60,408 dólares adeudan productores nacionales al Estado panameño por casos de lesión patrimonial, procesos que fueron abiertos a investigación desde 1998 hasta la fecha por el Tribunal de Cuentas.
La entidad llamó a juicio a 48 productores, de los cuales 27 fueron condenados, por diversos casos, entre los que se encuentran irregularidades en la presentación de facturas para supuestas compras de equipos y beneficios no sustentados apropiadamente en el Programa de Reconversión Agropecuaria.
Otra irregularidad en la que se han visto involucrados los productores nacionales fue en la entrega de subsidios a rubros como el arroz afectado por el ácaro spinki en el periodo 2004-2005 en la provincia de Chiriquí.
Además, productores de arroz y plátano fueron beneficiados con subsidios y préstamos bajo la Ley 24 de 2011 y quienes no se dedicaron a la actividad, cita el informe del Tribunal de Cuentas.
En este sentido, el documento indica que 21 personas resarcieron al Estado la suma de 120,159 dólares con 41 centavos por las lesiones cometidas, de un total de 180,568 dólares con nueve centavos que ascendió la condena dictada por los magistrados del Tribunal de Cuentas.
Casos abiertos
De los 48 casos que fueron motivo de investigación, a la fecha tres se mantienen abiertos contra productores de las provincias de Herrera, Chiriquí y Bocas del Toro.
Las lesiones cometidas no ameritan cargos con penas carcelarias, es decir al ser condenado, el implicado debe devolver el dinero al erario público, según lo indiquen las autoridades del Tribunal de Cuentas.
Tal como se explicó anteriormente, la mayoría de los casos están ligados al Programa de Reconversión Agropecuaria, creado bajo el Decreto de Gabinete N.° 8 del 23 de marzo de 1999 y cuyo objetivo era la de reestructurar las actividades de productores de maíz, sorgo, tomate industrial, cerdos, así como también extender la ayuda a los productores de hortalizas de Volcán y Cerro Punta, en la provincia de Chiriquí, para los ciclos agrícolas desde 1998 hasta 2002.
En ese entonces se autorizó al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) a transferir recursos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) para financiar diversos programas del sector, hasta un monto de diez millones de dólares.
En 2005, en la provincia de Herrera se realizó una auditoría a dicho programa, específicamente a productores de maíz y sorgo. El informe indica que 23 personas se vieron implicadas en esta falta.
A la fecha se mantiene abierto un caso de esta índole con siete productores implicados por mal manejo de los recursos.
Las irregularidades se dieron en la presentación de facturas para compra de equipos y beneficios en la Reconversión Agropecuaria. El monto de la condena fue de 22,512 dólares con 52 centavos, de los que ya se han pagado 19,341 dólares con 42 centavos.
Valentín Domínguez, productor de maíz en la provincia de Los Santos, manifestó que recuerda algunos de estos casos y los cuales, a su consideración, fueron desagradables. “Me tocó ver cómo amigos productores se vieron implicados en estas situaciones, la mayoría de la provincia de Herrera”, citó Domínguez.
Indicó que lo que lamentan es que se haya implicado a los productores en lesiones al Estado cuando la responsabilidad fue de ambas partes, es decir que los funcionarios de entidades del Mida estuvieron también involucrados.
Según explica Domínguez, recuerda que los productores tenían que certificar la cantidad de hectáreas a cultivar, luego el funcionario lo registraba en un formulario, era entonces cuando se daba la anomalía.
Sector arroz
Fueron un total de 18 productores en la provincia de Chiriquí a quienes el Tribunal de Cuentas les abrió investigaciones por la entrega irregular de los subsidios, debido a las afectaciones del ácaro spinki.
El monto de la condena representó 50,137 dólares con 80 centavos. A la fecha mantienen una deuda de 42,825 dólares con 27 centavos.
Carlos Santanach, de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí, manifestó que lamenta que por situaciones que tienen un trasfondo se haya involucrado a productores nacionales en procesos de lesión patrimonial.
Santanach recordó que los casos se dieron durante el gobierno de Martín Torrijos, en el que se estuvo anuente a apoyar al productor bajo dos sistemas, unos eran no reembolsables y los otros giraban en torno a préstamos cuando las cantidades excedían el límite del apoyo concedido al productor.
Pero específica Santanach que se aplicó un reglamento elaborado posterior a las afectaciones de la plaga, lo que causó que muchos productores no se beneficiaran, ya que al realizar las evaluaciones en campo, por parte de los técnicos del Mida, estas arrojaban que no eran aptos para recibir ayuda, ya que los subsidios estaban dirigidos a productores que cultivaran cierta cantidad de hectáreas, es decir si sobrepasaban el límite, ya no eran tomados en cuenta.
Por lo que, a criterio de Santanach, el reglamento no fue del todo claro.
