La Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), logró que la Asamblea Legislativa aprobara importantes modificaciones a la Ley de Reclasificación de la Carne, lo cual representa un avance significativo para el sector agropecuario.
El presidente de la ANAGAN, Algis Barrios señaló que con la aprobación de las modificaciones a la conflictiva ley en tercer debate, se deroga la Ley 25 de 1998, siendo algunos de los artículos modificados el artículo No. 3 que antes hablaba de carnes de ganado de ternero y ganado superior y ahora menciona tipos de carnes, según su clasificación hasta los 12 meses.
Otro de los artículos que según la fuente es de mucha relevancia, es el artículo 11, en el cual establece que por ningún motivo el ganado sacrificado en los mataderos podrá ser devuelto a los productores y se pagará de acuerdo a su tipificación.
El artículo 15 que también fuera modificado, establece que las plantas de sacrificio y matarifes deberán pagar las carnes, cueros y despojos llevados por los productores, entre los 15 días calendarios, contados a partir de su arribo a la planta de sacrificio.
Explicó, que esto se debe a que últimamente la venta de animales está trayendo consigo un período de pago muy largo, entre los 30, 60 y 90 días y en algunos casos ha llegado hasta 120 días.
Barrios, también se refirió al artículo No. 27 en el cual los países interesados en exportar carne bovina a la república de Panamá, deberán cumplir con lo que establece la presente ley 23 de 1997 y el Decreto Ejecutivo 49 de 2001, y solicitar al MIDA un certificador oficial para que tipifique las canales y las cuotas en el país de origen.
No menos importante es el artículo 28 que señala que no se permitirá el ingreso al país de canales o cortes de ganado bovino que no cumplan con los requisitos que exige la ley y en caso de que ocurra, serán devueltos a su país de origen o destruidos a costa del importador.
La quiebra de The Providence - Estrella Mar fue declarada en octubre del año 2000, luego de que la Superintendencia Bancos comprobó las pérdidas registradas por la institución que afectaron a un total de 668 derechohabientes, por el orden de 24 millones de dólares.
