Desde hace un año los operadores de turismo iniciaron una serie de reuniones para que el gobierno garantizara el buen desarrollo de esta actividad.
Ahora nuevamente se solicitan al Instituto Panameño de Turismo (IPAT) la elaboración y entrega a la Asamblea Nacional de un proyecto que regule el transporte turístico.
Según Aida Quijano, presidenta de la Asociación Panameña de Agencias de Viaje (APAVIT), esa fue una de las primeras promesas de Rubén Blades, ministro de Turismo.
El proyecto incluirá la definición y separación del transporte público y privado.
Además de la creación de una comisión aparte que dirija sus esfuerzos en el monitoreo y vigilancia del traslado de los turistas en el ámbito nacional.
¨Así como se les exige a los transportistas en la capital mantener en óptimas condiciones los vehículos, los mismo debe pasar con los transportistas organizados del sector" manifestó Quijano.
En Colón por ejemplo, la mayoría de los autobuses que ofrecen el servicio privado de turismo también lo hacen diariamente para el sector público.
Con respecto a los cupos y licencias que otorga la Autoridad del Transporte Terrestre (ATT), con el proyecto se pretende regular la actividad, llevando a cabo investigaciones para que los mismos no sean revendidos y garantizando que sí existan los transportes especiales de turismo.
Para Quijano será necesario establecer en los próximos meses las reglas del juego, porque la retención de los turistas en Colón, podría suceder en otras partes del país.
A pesar de las cifras alentadoras, el sector empresarial, se muestra preocupado por las reformas fiscales que presentará próximamente el gobierno.
Además de los temas pendientes que necesitan ser resueltos para definir la política fiscal.
Para el año 2004 la APEDE proyecta un crecimiento de la economía en 6%, algo menor a la tendencia observada hasta septiembre.
Se espera un menor crecimiento en el último trimestre del año en curso, debido a la restricciones financieras del gobierno.
También incidirán en la proyección del 2004 los despidos de los empleados públicos, el continuo aumento del precio del petróleo y la incertidumbre que genera la reforma tributaria anunciada.
