El Gobierno de Perú prorrogó ayer la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en tres regiones del sur del país para resguardar el orden ante eventuales movilizaciones promovidas por mineros ilegales e informales.
Una resolución del Ministerio del Interior, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, amplió el plazo de intervención de los militares del 10 de julio al 8 de agosto en las regiones de Arequipa, Puno y Madre de Dios.
El objetivo de la medida es "asegurar el control del orden interno y evitar actos de violencia o cualquier ilícito penal que se pudieran cometer con ocasión de las movilizaciones".
La resolución explicó que "la intervención de las Fuerzas Armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales" porque la actuación de los militares no relevará la participación de la Policía, que seguirá siendo la responsable del control interno.
Entre las funciones de las Fuerzas Armadas estará "contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, además del derecho a la paz y a la tranquilidad".
También se encargarán de velar por el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y resguardar puntos críticos vitales.
