Proyecciones de una definición del Acuerdo Comercial

Las principales actividades ya productivas (el canal; el complejo de transporte interoceánico; el centro financiero; la zona libre; y otras) y los recursos disponibles para potenciar nuevas actividades, continuarán estando muy valorizados y con posibilidades de producir y crecer. Eso no cambiaría. El país no se hundirá en ninguna debacle económica social.
Si hay otras opciones a tal TLC y, con seguridad, tienen costos, que en el corto plazo serían mayores.
Eso sí, habría que diseñar estrategias sustitutas para la desviación del comercio estadounidense, que se disgregaría por la falta de la IBC o del nuevo tratado comercial. Asimismo, habría que priorizar el desarrollo de una política de relaciones económicas internacionales más moderna y promotora de nuevos vínculos y mercados.
El empuje de la reactivación económica de Panamá, registrada en los años 2004 y 2005 (6.2% promedio anual) no se perdería de inmediato.
Es de esperar que sin TLC con EE, UU, y el cierre de la IBC, ambos eventos tendrían efectos notorios con posterioridad al año 2008.
Hay un plazo para ajustes, que podría ser corto, si consideramos nuestro historial para negociar tratados comerciales y económicos.
No obstante, hay una tarea adicional que realizar, cual es: vigilar para que se salvaguarden los intereses nacionales, y no queden desvirtuados a causa de los poderosos intereses externos, que se amalgaman con el proyecto de la ampliación del actual canal interoceánico.
Primero: El eventual acuerdo que se logre debe ser conveniente a nuestra aspiración e intereses nacionales.
Segundo: El valor y significado de las asignaciones comerciales y de otra índole, que se otorgue a EE.UU, deben estar bien justificadas, con beneficios cuantificables, a favor de Panamá.
Tercero: El eventual acuerdo debe ser mejor que lo logrado en DR CAFTA y EE.UU, y el TLC Perú/EE, UU.
A Panamá le queda es concluir esta negociación y evaluar si es aceptable a su interés nacional; porque arroje un balance y perspectivas favorables en flujos económicos, impactos sociales y respeto a las legislaciones claves, como la laboral y la ambiental.
Si ello no se logra, ni siquiera debe haber "tratado" que discutir, para que el pueblo y la Asamblea lo rechace.