El Gobierno de Puerto Rico advirtió que si no se le conceden herramientas legales para reestructurar su millonaria deuda, la población de la isla caribeña sufrirá las consecuencias durante una década.
El secretario de la gobernación, Víctor Suárez, dijo ayer que la semana que acaba de comenzar es decisiva para que el Congreso de EE.UU. tome una posición sobre si Puerto Rico puede acogerse al capítulo 9 de la Ley de Quiebras y que, de tomar una decisión en contra, la principal perjudicada será la población del Estado Libre Asociado.
Suárez indicó en declaraciones a medios locales que en el caso de que el Congreso estadounidense mantenga su oposición a que la isla pueda acogerse a una reestructuración ordenada de la deuda de más de $72 mil millones el costo social será muy alto.
La prensa puertorriqueña corrobora las palabras de Suárez al apuntar que el alto liderato del Congreso en Washington y miembros de la Casa Blanca se reunirán esta semana para tomar una postura conjunta sobre si Puerto Rico puede acceder al capítulo nueve de la Ley de Quiebras.
Suárez subrayó que esa es la forma adecuada de afrontar el problema, ya que de otra forma el panorama que se presenta es el de, tras un posible impago, una "batalla" judicial de consecuencias impredecibles entre acreedores y el Gobierno.
La pasada semana se celebraron reuniones en Washington entre grupos favorables a que Puerto Rico pueda acogerse a legislación federal para reestructurar su deuda y destacados miembros del Congreso estadounidense, según la prensa puertorriqueña.
Las reuniones habrían incluido a la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y los senadores de ese partido Richard Durbin y Charles Schumer.
La preocupación en EE.UU. por lo que ocurre en la isla caribeña es tal que el secretario del Tesoro estadounidense, Jacob Lew, hubiera viajado la pasada semana a San Juan en caso de que el Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla no hubiese pagado, finalmente, la deuda de $354 millones de un vencimiento de deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico.
El pago pudo ser afrontado gracias a la sustracción de fondos de varias empresas públicas, una maniobra que los analistas interpretan como un gesto de buena voluntad con el objetivo de que EE.UU. acceda a la petición de que la isla se pueda acoger al capítulo nueve de la Ley de Quiebras federal.
El abono de esa cantidad ha apaciguado, de momento, los temores de los acreedores a un impago, aunque los problemas siguen abiertos, ya que el Ejecutivo no ha pagado en la fecha habitual el bono de Navidad a los empleados públicos al esgrimir falta de liquidez.
El presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y representante de Puerto Rico ante Washington, Pedro Pierluisi, exigió ayer al Gobierno que le haga justicia a los empleados públicos.
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- El Gobierno anunció la pasada semana que no pagaría el bono de Navidad el viernes 4 de
- diciembre, como es costumbre, por falta de liquidez y que de llevarse a cabo no ocurrirá hasta al menos después del próximo día 20.
- Sindicalistas de la Unión Independiente Auténtica se encadenaron ayer frente al Departamento del Trabajo en San
- Juan en protesta por el anuncio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de no abonar la paga extraordinaria de Navidad.
- Los problemas de liquidez del Gobierno coinciden con el escándalo de corrupción hecho público la pasada semana y que afecta directamente a un amigo
- del gobernador García Padilla. La Justicia federal dio el pasado día 3 un golpe contra la corrupción en Puerto Rico al detener a Anaudi Hernández.
