En los últimos días se ha abierto el debate sobre la reformulación de los objetivos del programa económico, aunque actualmente nadie se atreve a reconocer una situación de recesión a pesar de la desaceleración de 2.0% a 1.5 en el primer semestre, enfatizada con la caída del consumo, el aumento del desempleo, la inflación, el déficit fiscal y una serie de tasas de crecimiento sectoriales negativas.
LAS FRIAS CIFRAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO
De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el ministerio de Economía y Finanzas en el documento Informe Económico de Coyuntura del primer y segundo trimestre, la economía ha visto reducido su crecimiento del 2.0% al 1.5% y sus expectativas anuales han venido modificándose al punto de girar alrededor del 1.0% al 1.5%. Ante esta situación, las autoridades nacionales plantean una modificación del programa económico.
Las tasas negativas se ubican en la industria, el comercio, la construcción, los hoteles y restaurantes, electricidad y agua y la Autoridad del Canal. Entre los sectores que actualmente sostienen el crecimiento se encuentran: La Zona Libre, los puertos que crecieron, las telecomunicaciones, las actividades inmobiliarias y los servicios gubernamentales y personales, en su conjunto.
La caída del crecimiento económico en el ámbito interno no debe explicarse solamente por los factores tradicionales mencionados frecuentemente como: el retiro de las bases militares estadounidenses, la crisis del petróleo, el deterioro de las condiciones climáticas como la sequía, mancha blanca, etc., sino que debe valorizarse el hecho de la profundización de la reforma económica y la culminación de los cambios estructurales entre los cuales se destacan la promoción y defensa de la competencia, la preservación de los derechos de los consumidores, defensa de la institucionalidad y el fomento de la productividad, de tal forma que se encamine nuestra economía hacia la competitividad. Estos no son factores coyunturales, sino objetivos de largo plazo.
CRECIMIENTO, COMPETENCIA Y LIBRE MERCADO, UNA OPCION VIABLE
El crecimiento económico es responsabilidad de todas las fuerzas productivas, en el cual los gobiernos deben canalizar las medidas de política económica. En las actuales condiciones donde prevalecen las estructuras de mercados imperfectos, la conducta empresarial debe estar enfocada hacia la transparencia de los mercados, por consiguiente, las conductas anticompetitivas (monopólicas y/o oligopólicas) no ayudarán a expandir la economía, en la actual fase recesiva. Igualmente, los consumidores considerados como el motor de la economía, serán receptores de la política económica y expandirán su gasto de acuerdo al comportamiento de los mercados.
El sistema de libre mercado en la actualidad prevalece por sobre todos los sistemas económicos que le antecedieron, fundamentalmente, por la fortaleza de sus bases: la libre competencia, libre concurrencia, y la soberanía del consumidor, los cuales permiten a la sociedad alcanzar niveles superiores de beneficio económico. Al existir competencia, habrá opciones en el consumo de las familias y podrán regir reglas iguales para la iniciativa empresarial.
Las reglas de la competencia parten del principio básico y fundamental que se refiere a la utilización de los mecanismos del mercado, como el sistema de precios que permite a la oferta adecuarse a la demanda sin necesidad de establecer precios concertados entre potenciales competidores, y que de esta manera sea el mercado el que efectivamente asigne los recursos y no se imponga la fuerza del que tiene y utiliza el poder de mercado.
PROTECCION Y REGULACION DE PRECIOS, ESQUEMAS COSTOSOS Y AGOTADOS
El proteccionismo se fundamentó cuando los postulados de “la industria naciente” se perpetuaron desarrollando las economías cerradas con todo tipo de barreras al libre comercio. El objetivo inicial indicaba que las industrias nacientes alcanzarían las economías de escala (ahorros por tecnologías) en tres años y sustituirían las importaciones. La realidad fue que la gran mayoría de las empresas se acostumbraron a la protección y terminamos los consumidores y el Estado, financiando y subsidiando a través de los aranceles, cuotas y tarifas el sistema de protección. Por otro lado, sin competencia y con precios regulados, el cerco proteccionista no permitió a las empresas desarrollarse para enfrentar los retos del mercado internacional y al iniciar los proceso de apertura económica, las empresas protegidas no eran competitivas en los mercados mundiales.
En el mercado interno: el establecimiento de precios tope (máximos y mínimos) impiden que el mercado alcance el equilibrio. La puesta en ejecución de un precio máximo implica un precio menor al equilibrio; reduce la cantidad ofrecida (el precio regulado inhibe la oferta porque es menor al de mercado) y genera desabastecimiento. La implementación de un precio mínimo rebasa la cantidad deseada por los compradores (el precio regulado es mayor que el de mercado) y ejerce una presión a la baja del precio mínimo. Este último precio obliga en algunos casos al Estado a comprar los bienes excedentarios para apoyar al productor. En ambos casos el beneficio neto del intercambio se reduce.
Igualmente, se fomenta la producción y comercialización de los productos regulados en detrimento de otros productos. En este contexto no se fomenta el desarrollo de las economías de escala en la producción y en la comercialización que permitan a los países alcanzar los niveles de competitividad en los mercados internacionales y que constituyen hoy en día un grave problema estructural en la agricultura, situación actual que lleva al Estado a realizar grandes e ingentes gastos en transferencias, subsidios, planes de reconversión y modernización, destinando recursos del erario público, para acelerar el proceso de incorporación a los mercados globales.
La regulación de precios permite la creación de monopolios y oligopolios que se ubican alrededor de la producción, industrialización y comercialización de los bienes sujetos a este régimen. En estas condiciones, el oligopolio tiende a producir menos de lo que el mercado necesita y por sus características y poder de mercado, pueden determinar precios y cantidades producidas. El sistema de regulación de precios genera mala asignación de recursos, no impide el surgimiento de mercados paralelos (negros y grises) y no detiene de forma definitiva el proceso inflacionario.
En el mercado externo: el sistema de regulación de precios incide negativamente en la inserción de nuestros mercados en el ámbito mundial, constituye una barrera de entrada a los productos externos competitivos que además de complementar la oferta interna, fomentan la competencia del producto nacional. Los controles de precios que se manifiestan a través de las cuotas de importación, las licencias de importación y las restricciones -fitosanitarias, zoosanitarias y de salud humana- que junto a las altas tarifas arancelarias, perjudican en primera instancia al productor nacional con potencial exportador y al consumidor que es supuestamente el principal beneficiario del sistema establecido, al tener que pagar precios domésticos superiores a los precios establecidos por el mercado internacional.
En décadas pasadas se desarrollaron sistemas reguladores de precios que utilizaron mecanismos de precios artificiales (sostén y topes), como mecanismos asignadores de recursos bajo esquemas proteccionistas. Bajo el prisma de la regulación de precios, el mercado se guía por una resolución oficial y no por la oferta y la demanda.
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