La Refinería Panamá interpuso una notificación de arbitraje y una declaración de demanda por B/.89 millones en contra de la República de Panamá por considerar que el gobierno no ha cumplido con el contrato ley firmado entre ambas partes, ya que no se le ha proporcionado a la empresa una debida protección tarifaria.
La demanda de Refinería Panamá se origina luego que el gobierno de Pérez Balladares eliminó, a través de la Ley 6 de 1997, la tarifa de protección para la importación de petróleo para la producción de electricidad, lo que permitió a las empresas termoeléctricas de generación importar hidrocarburos de cualquier mercado sin tener que pagar el respectivo impuesto.
La Refinería Panamá afirma que esta práctica le ha ocasionado pérdidas por B/.89 millones, debido a que considera que las compañías generadoras deben realizar todas sus compras de petróleo a través de esta empresa o bien pagar su respectivo impuesto de importación.
La disputa entre el Gobierno de Panamá y la Refinería se deberá resolver en Estados Unidos, debido a que la cláusula 26 del contrato establece que todos los conflictos que surjan y que no pudieran ser solucionados por mutuo acuerdo, deberán ser resueltos mediante arbitraje.
Esta decisión se adopta de conformidad con las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, al que hace referencia el convenio entre Panamá y Estados Unidos, sobre el trato y protección a la inversión, vigente a la fecha de la celebración del contrato, a no ser que ambas partes convengan expresamente al momento de someterse al arbitraje, en aceptar las reglas en vigencia.
De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias, los intereses de Panamá serán representados por la firma de abogados Arnold & Porter, con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
Se espera que en los próximos días Panamá designe a la persona que servirá como árbitro para que junto al designado por la Refinería se escoja a un tercero.
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