El exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras cumplió con su palabra y a un día de retirarse de las filas del pasado gobierno, reglamentó la venta de las acciones del desaparecido IRHE a los obreros de esta antigua estatal de electricidad.
Sin embargo, al final realizó una serie de cambios y disposiciones que no son del agrado de los trabajadores, que por más de 18 meses mantuvieron un pugilato con el ministro para lograr que todos los empleados, y no sólo los que compraron acciones con sus liquidaciones, tuvieran derecho a formar parte del capital social de las nuevas empresas eléctricas.
De acuerdo a Carlos Iglesias, miembro de la junta directiva de la Comisión SIRTIRHE-COOTIRHE, que se creó para que negociara la compra de acciones a nombre de los obreros, el decreto No.84 que reglamentó la venta de las acciones del antiguo IRHE no considera la opinión emitida por la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, ni la efectuada por la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa.
Explicó que la opinión de la Procuradora de la Administración señalaba claramente que todos los trabajadores tenían derecho a comprar acciones con el equivalente de su liquidación menos un descuento del 6%. Asimismo tenían la opción de adquirir cualquier remanente de títulos que quedara, situación que no se aclara en ninguno de los nueve artículos del decreto.
No obstante, lo que sí queda clara y explícitamente definido, son las fechas de vencimiento de los plazos que tienen los trabajadores para poder comprar acciones, las que se han fijado para el próximo 30 de octubre, el 8 de enero del 2000 y el 14 de enero del 2000.
Iglesias enfatizó que los trabajadores no tienen ningún problema para realizar la operación financiera y ejercer su derecho antes de estos períodos, puestos a última hora por el Gobierno.
Sin embargo, no descartó que personas ajenas al trabajo que ha realizado la comisión SITIRHE-COOTIRHE, puedan entorpecer la labor de los negociadores, creando dudas o cualquier otro tipo de acción que empañe un proceso que fue realizado con la mayor transparencia.
Acotó que esta semana una delegación de la comisión realizará una gira por todo el país para divulgar entre los trabajadores toda la gestión que se ha realizado hasta el momento y en los primeros días del mes de octubre se llamará a una asamblea general para explicarle en detalle a los asociados todas las opciones y detalles financieros de la operación.
Iglesias sostuvo que otra de las irregularidades se da cuando se establece que el trabajador que compró el 100% de las acciones con descuento, puede adquirir otro 100% con el descuento del 6%. Pero el que no compró nada sólo puede comprar un 100% con descuento.
Igualmente la metodología utilizada para que los trabajadores adquieran sus acciones se puede interpretar que las mismas se deben manejar por medio de las siete empresas eléctricas que ya se encuentran establecidas, lo que es incorrecto, dado que este trámite se debe realizar en la Comisión para la Venta de Acciones (COMVA), que nunca existió, o en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Ante este hecho precisó que ya le han enviado una nota al nuevo ministro, Víctor Juliao, donde se le solicita que designe a las personas que se encargarán de finiquitar la venta de las acciones con los obreros.
No obstante, Iglesias destacó que no todo ha sido negativo, debido a que el decreto establece que el Banco Nacional de Panamá otorgue financiamiento a los trabajadores para que no tengan que utilizar el dinero de su liquidación para adquirir acciones.
Adelantó que la Comisión COOTIRHE-SITIRHE ya realiza gestiones con esta entidad bancaria, a fin de que sea la designada para financiar el paquete accionario de los obreros, el cual ronda los B/.80 millones.
Finalmente manifestó que seguirán luchando para que los obreros de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), cuyo paquete accionario no ha sido vendido, puedan tener la oportunidad de comprar acciones en estos momentos, dado que ellos ya recibieron su liquidación, pero no han tenido la opción de adquirir ningún título.