La Clínica San Fernando seguirá cobrando a los médicos anestesiólogos la cuota que se paga, por el uso de sus equipos e instalaciones, lo que según ellos, no se debe encasillar como un recargo, y en su criterio, no viola ley alguna.
La Dirección Pública de Salud del Ministerio de Salud emitió dos resoluciones con relación al tema, pero en estos documentos, de acuerdo al apoderado legal de la Clínica, Diego de la Guardia, miembro de la firma Galindo, Arias y López, queda establecido que el cobro que ellos realizan, no perjudica a los médicos.
Los anestesiólogos consideran que este tema estaba resuelto, por lo que se librarían de pagarle al hospital, el 50% de lo que les paga cada paciente atendido. Estiman que las clínicas cobran entre 600,000 y 800,000 dólares anuales.
Sin embargo, De La Guardia asegura que, en estricto apego a la ley, la resolución emitida no prohibe el cobro que ellos hacen por el uso de las instalaciones de la clínica.
La Dirección de Salud emitió la resolución 185 que establece condenar las prácticas de las clínicas y hospitales privados por el cobro de todo recargo a los médicos anestesiólogos por el ejercicio de su profesión y ordena el cese de esta práctica.
Una vez se emitió este documento, la firma Galindo Arias & López, presentó un recurso de apelación para dejarlo sin efecto.
Pero la apelación no fue admitida, por ser la resolución 185 de carácter general, dijo De La Guardia.
La resolución 185 especifica que se prohibe el cobro de recargos que lesionen y vulnere el libre ejercicio de la profesión, así como la voluntad de todo paciente en escoger a su médico.
De La Guardia explicó que, al ser este documento de carácter general, lo único que tenemos que acatar es que nuestras políticas no lesionen ni a los médicos ni a los pacientes.
“ La posición de Clínica San Fernando que es no cobrar recargos; no lesiona el ejercicio de la profesión y no se discrimina a los médicos. Entonces no incumplimos la ley, pues el cobro que hacemos es en concepto del uso del equipo que está en la clínica”, agregó De la Guardia.
El abogado expresó que, al ser la resolución 185 de carácter general se prueba que el mencionado documento no tiene relación con la denuncia puesta por los anestesiólogos, por lo que hasta el momento el tema no está resuelto y la denuncia ha quedado estancada.
