Se agrava crisis argentina por rebelión de las provincias

Las provincias argentinas gobernadas por la oposición peronista rechazaron ayer un acuerdo para reducir un fondo de coparticipación de recursos fiscales, que el presidente Fernando de la Rúa esperaba presentar a partir del viernes en Estados Unidos para obtener apoyo a su plan de reestructuración de la deuda.
El gobernador de Santiago del Estero (norte), Carlos Juárez, después de una extensa reunión con sus pares del Partido Justicialista (PJ, peronismo), anunció que "no hay acuerdo y le vamos enviar una carta al presidente con una nueva propuesta".
De la Rúa y el ministro de Economía, Domigo Cavallo, viajan a Nueva York, sobre las 02H30 GMT hoy, en busca de comprensión para su plan de reestructuración de la deuda federal.
El presidente argentino pensaba llevar la noticia de un frente unido detrás de su programa de canje de la deuda de 132,000 millones de dólares (46% del Producto Interno Bruto, PIB) con la rebaja de la tasa de interés del 11% al 7%, pero en contraste dejará atrás un país más dividido, con la crisis agravada y aparentemente sin salida clara en el horizonte.
El fondo de coparticipación implica el reparto entre la administración central y las provincias de los recursos provenientes de la recaudación de impuestos federales.
El gobierno pretendía aplicar una reducción del 13%, a partir de 2002, en los recursos que mensualmente reparte a las provincias por 1,364 millones de pesos (igual en dólares), para cumplir a rajatabla con el déficit fiscal cero comprometido ante el Fondo Monetario Internacional exigió ese acuerdo con las provincias, ahora fracasado, para adelantar una cuota de un crédito pendiente de 1,264 millones de dólares.
La primera señal del fracaso de la gestión ante las provincias la dio el peronista gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, al atacar al gobierno por la falta de entendimiento tras cuatro semanas de discusiones, y alertar sobre su retiro de la negociación.
Momentos antes del rechazo peronista, el gobierno firmó un pacto con 10 provincias, nueve de ellas administradas por la oficialista Alianza y la otra por un partido provincial.