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La denuncia contra la secuestrada Central Azucarera La Victoria, por supuesta evasión fiscal, presuntamente fue presentada por el bufete de abogados del panameñista y excontralor Alvin Weeden, que podría recibir un 25% del monto que cobre el Estado.
Según lo dispone la Ley 31 de enero de 2009, la administración tributaria está autorizada a pagarle al denunciante el 25% de toda la suma que el Estado logre recaudar como consecuencia de una denuncia por evasión fiscal.
En Panamá, diferentes bufetes de abogados y empresas de contadores se dedican a presentar estas denuncias para intentar sacar un provecho económico.
La Dirección General de Ingresos (DGI) secuestró de forma directa cuentas corrientes, bienes y depósitos de La Victoria por $33.5 millones.
Para el abogado Neftalí Jaén, el hecho de que supuestamente la denuncia haya sido presentada por la firma del panameñista y excontralor Alvin Weeden comprueba que este es un proceso de venganza política contra el gobierno anterior.
Jaén agregó que ahora esa firma de abogados estaría buscando la manera de cobrarse por revancha política situaciones contra el expresidente de la república Ricardo Martinelli.
El jurista sostuvo que “como está la situación política del país, mejor es apegarse a Dios para no ser perseguido”.
No está cerrado
En tanto, la Junta Directiva de La Victoria aclaró que el ingenio continúa operando de manera regular en su labores de zafra y que cumplirá con los compromisos financieros de sus más de ocho mil trabajadores, proveedores y acreedores, pese a la medida de secuestro.
A través de un comunicado, los directivos de la empresa azucarera, ubicada en el corregimiento de La Raya de Santa María, hicieron un llamado a la tranquilidad de sus trabajadores administrativos y de campo, al igual que a colonos y prestadores de servicios, a quienes reiteraron que cumplirán puntualmente con los compromisos financieros adquiridos por dicho ingenio.
La Victoria presentará recursos contra la DGI
“La Central Azucarera La Victoria y sus accionistas estamos haciendo todo cuanto sea necesario para que las operaciones de la empresa, que actualmente está en plena zafra, no se vean afectadas”, destaca el comunicado.
Ayer el equipo de abogados del ingenio compareció ante la DGI para conocer las pretensiones de esta institución, por lo que se inició un proceso de análisis de los actos administrativos para presentar los recursos y descargos correspondientes.
Mientras tanto, en el área cañera de Santiago, que comprende tres corregimientos de este distrito, se hicieron sentir nuevas voces de empleados, proveedores y pobladores en rechazo a las pretensiones de la DGI en contra del ingenio.
