Para el economista Juan Jované, director del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá (IDEN), el dinero del Fondo de Privatizaciones se puede flexibilizar, y en lugar de estar ganando un 5% en un banco extranjero, se puede utilizar en concederle un préstamo al IDAAN, para que esta entidad resuelva todas sus necesidades y se evite que la misma sea privatizada.
Explicó que si el IDAAN se compromete a devolver este dinero con rentabilidad, como si el empréstito se lo hubiera concedido alguna de las IFI´s, se estaría resolviendo un problema social y se recibiría, además, un rendimiento económico.
No obstante, agregó que es consciente de que la ciudadanía no tiene plena confianza en este tipo de operaciones, por ser el IDAAN una institución estatal; pero a la vez estimó que si el país no empieza a dar pasos serios en esta dirección, "nunca saldremos del subdesarrollo".
De acuerdo al economista, no es justo que actualmente el Gobierno le pague a los organismos internacionales de crédito, más un 8% en concepto de intereses para cubrir la deuda externa -"que ningún panameño pidió"- mientras que los fondos de privatización solamente reciben un 5% de interés, monto que calificó como "una verdadera barbaridad".
Igualmente destacó que el Estado emite bonos, para que los compren los extranjeros, y los redime con un 9% de interés. Sin embargo no hace nada para aumentar el capital proveniente de las privatizaciones y de la Caja de Seguro Social, que es de todos los panameños.
Jované está de acuerdo en que es peligroso utilizar el capital original del Fondo de Privatizaciones, pero enfatizó que la actual capitalización que reciben los más de 1,200 millones que lo componen es ridícula, y "al final los intereses, que son los únicos que se permiten usar, no servirán de mucho para resolver el grave problema de la pobreza que se vive en Panamá".
Por lo tanto, estima que el próximo Gobierno debe buscar la forma de aumentar los intereses, o bien ejecutar inversiones sociales que retornen con algún tipo de ganancia.
Por su parte, José Arosemena, secretario general del Sindicato de Trabajadores del privatizado IRHE, que fue desmembrado en ocho empresas y vendido por más de 500 millones de dólares, sostuvo igualmente que es injusto que el Fondo de Privatización esté depositado en unos 23 bancos extranjeros que pagan sólo un interés del 5%.
Sin embargo, precisó que este capital no se puede utilizar indiscriminadamente, aunque sea en obras sociales, "ya que si el mismo se termina, no habrá ni dinero ni empresas que privatizar".
Recalcó que debido a esta posibilidad, es necesario que se sigan utilizando únicamente los intereses, no obstante, es de la opinión de que se debe buscar la manera de que los bancos paguen un interés más elevado.
Para el sindicalista, que vivió de cerca lo que es un proceso de privatización, el fondo debe ser utilizado en las áreas más marginadas del país y para tratar de crear puestos de trabajo, los cuales son necesarios para disminuir los índices de pobreza.
Mientras, Eduardo Guardia, secretario de defensa, del Sindicato de Trabajadores de Cable & Wireless, empresa inglesa que compró el fenecido INTEL por 652 millones de dólares, enfatizó que antes de construir carreteras y proyectos secundarios, los intereses del Fondo de Privatización se deben utilizar para rescatar el Hospital Santo Tomás, que atraviesa una situación caótica.
De la misma forma, el Gobierno debe asumir su responsabilidad y cubrir su deuda con los empleados públicos, porque ésta sería una forma de que este dinero llegue a las clases más necesitadas.
"Si es necesario construir carreteras que se busquen préstamos con el BID, el Banco Mundial u otro organismo de crédito, porque después de todo, "la gente no come caminos", acotó
Guardia también sostiene que los intereses del fondo se deben aumentar de alguna forma, sobre todo por la altas sumas que se manejan y el tiempo que el capital estará depositado, que es utilizado tranquilamente por los bancos extranjeros para realizar importantes negocios que contribuyen a aumentar sus ingresos.
En tanto, el profesor Mario Medina, ex secretario General de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, puntualizó que antes de tomar cualquier decisión se debe realizar un estudio profundo sobre las limitaciones que tienen este Fondo de Privatizaciones, sobre todo para conocer si han sido depositados en los diferentes bancos bajo algún tipo de compromiso.
En opinión de Medina, si el país necesita resolver problemas sociales, el Gobierno tiene la obligación de utilizar todos los recursos que posea para ayudar a la población, incluyendo el dinero proveniente de las privatizaciones.
Destacó que en diferentes reuniones los educadores han analizado la posibilidad de que estos 1,200 millones de dólares se utilicen como garantía para solicitar préstamos con intereses blandos, con el único objetivo de realizar obras de carácter social.
Enfatizó ,además, que todas las acciones que se realicen con este fondo deben ser claros y públicos, ya que la política del Gobierno de turno es la de no dar a conocer cuáles fueron los compromisos que adquirieron cuando vendieron las empresas públicas.
Según el educador, en la actualidad, prácticamente ningún panameño conoce con exactitud en qué proyectos y obras han sido utilizados los intereses provenientes de esta iniciativa.
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