Sistema de licitaciones deja al país pérdidas millonarias

Miles de millones de dólares que podrían utilizarse para acrecentar la economía e incluso generar más empleos se desaprovechan por las limitantes que impone el Estado a empresas panameñas en las licitaciones de las obras más trascendentales, aseguran los empresarios.

Solo Norberto Odebrecht y FCC Construcción, dos de las empresas a las que el Estado les ha adjudicado más proyectos en los últimos diez años, cuentan con una cartera de obras ejecutadas, en proceso y próximas a iniciar cuya inversión sobrepasa los $10 mil millones.

El alcance de esta suma se hace evidente al tomar en cuenta que prácticamente triplica la deuda interna del país ($4,083 millones 89 mil) y se aproxima a ser similar a la deuda externa ($15 mil 87 millones 26 mil).

Entre las principales obras adjudicadas a Odebrecht están el recién licitado proyecto Renovación Urbana de Colón ($537 millones), las tres fases de la Cinta Costera (alrededor de $1,017.9 millones), líneas 1 y 2 del metro (unos $3,857 millones) y la tercera línea de transmisión eléctrica ($233.8 millones).

A la empresa suramericana también se le otorgó la construcción del proyecto de riego Remigio Rojas, el túnel interceptor y la planta de tratamiento de aguas residuales del proyecto Saneamiento de la Bahía, la primera y segunda fase de la autopista Panamá-Colón, el muelle sur del aeropuerto de Tocumen, entre otros.

El costo total de las obras adjudicadas a la brasileña Odebrecht es de alrededor de $8,542 millones.

Mientras, la española FCC Construcción, además de participar con la brasileña en proyectos como las líneas 1 y 2 del metro, entre otros, tiene un portafolio de desarrollos en Panamá que sobrepasa los $1,532 millones.

Para José Batista, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), la utilidad que se genera de estos grandes proyectos es de miles de millones, suma que estas empresas se llevan del país.

Considera que si se les diera la oportunidad a las empresas panameñas de realizar grandes proyectos, ya que cuentan con la capacidad, estos millones quedarían en el país, entre los panameños, porque el empresario panameño sigue construyendo e invierte aquí.

Para el experto, existe una práctica cuestionable por parte de los gobiernos, ya que han impuesto condicionantes excluyentes, discriminatorias y sospechosas hacia las empresas panameñas.

"Se limita el acceso a las empresas panameñas con argumentaciones de montos financieros o requerimientos de experiencias excesivas, pero en la práctica, estas empresas lo han hecho a menor escala y lo pueden seguir haciendo; pareciera que se les diseña las licitaciones a las empresas extranjeras", aseveró Batista.

Especialistas atribuyen parte del fracaso de las empresas panameñas al momento de participar en las licitaciones a la complejidad de estas.

Miguel Ángel Barreras, expresidente del Colegio de Arquitectos, asegura que los requisitos de diseño y construcción deben ser actos separados para de esta manera darle oportunidad a más empresas panameñas.

Opinión con la que concuerda Ricardo Robles, expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), quien señala que la complejidad se genera porque "involucran diseño, estudio de impacto ambiental, construcción, todo en un mismo acto, cuando no debiera ser así".

Agregó que "esos pliegos de cargos podemos decir que son muy dirigidos a ciertos tipos de empresas internacionales, hay una discriminación indirecta".

A Kuntich le parece irónico que se pida, por ejemplo, haber construido una cantidad de puentes de tal tipo, cuando en Panamá solo existe uno.