Tras la implementación de la Ley 81 del 31 de diciembre de 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras de financiamiento, la banca panameña aún desconoce su aplicación.
Las líneas de crédito en las tarjetas durante el primer semestre de 2010 sumaron $1,617 millones, un aumento del 11% en comparación con el total de las líneas de crédito activas al finalizar el primer semestre de 2009, según la Asociación Panameña de Crédito (APC).
Karin Stahl, vicepresidente asistente de Tarjeta de Crédito del Banco General, mencionó con anterioridad a este medio, que cada banco interpreta, de manera propia, conforme a lo que piensa que dice la ley, y tal vez se esté incumpliendo o dejando de ganar ingresos.
Este no es el único problema, existen actualmente comercios que ofrecen tarjetas de crédito respaldadas por la banca, llamadas “cobranding”, los cuales no son regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ni por la Autoridad de Competencia y Defensa del Consumidor (ACODECO).
Esto, pese a que en el artículo 54 se establece que la autoridad competente en la emisión de las instituciones bancarias es la SBP y cuando el emisor es diferente, la ACODECO.
Un vocero de la SBP respondió que, a pesar de que las tarjetas son respaldadas por los bancos, no regulan este tipo de manejo, mientras que por ACODECO informaron que solo reúnen los costos y tasas de las tarjetas.
De enero a junio de 2010 se otorgaron más de 30 mil tarjetas de crédito nuevas, sin embargo se desconoce cuántas fueron otorgadas por los comercios.
Luz María Salamina, gerente de la APC, dijo que las tarjetas deberían separarse. “Si son Master Card o Visa, en realidad las emite un banco, aunque digan el nombre de un comercio, ya que en realidad son tarjetas bancarias”.
En tanto, Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, recordó que durante la discusión de la ley, la propuesta consistía en que solo los bancos debían emitir las tarjetas de créditos para tener un control.
No obstante, la Cámara de Comercio de Panamá abogó a favor de las otras entidades por lo que se dejó abierto, pero esto no debería quedar a la libre interpretación de las empresas, manifestó.
Giovanni Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derechos de los Consumidores y Usuarios (Ipadecu), mencionó que no hay una estadística concreta, pero reconoció que existe un incremento en la promoción de este elemento crediticio.
“Lo cual hace suponer que el número de consumidores que se han adscrito a este segmento ha crecido”, destacó.
Fletcher coincidió con Stahl, y agregó que la ley tiene elementos que se muestran confusos e incluso algunas condiciones no han sido explicadas al público en general, lo cual podría ser utilizado como distracción por parte de los proveedores de tarjetas. “Se requieren muchos estudios y divulgación, con todo respeto, la SBP no es la mejor entidad para aplicar esta herramienta jurídica, ya que no es una entidad pública de acceso rápido para solucionar algún problema”.
