La superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Ana Lorena Broce, envió a Raúl Vallarino y Adriana Férnandez, un oficinista II y una escolta de ejecutivo, a realizar una auditoría a la empresa Central de Fianzas (CF), reveló un informe de la Fiscalía Decimocuarta, en torno a una querella criminal interpuesta por CF en contra de la funcionaria.
Los supuestos auditores de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Fernández y Vallarino, realizaron un audito relacionado con el margen de solvencia y liquidez mínima, el pasado 28 de mayo del 2002, a la empresa Central de Fianzas.
De acuerdo a un comunicado de CF, cuando la Fiscalía solicitó las actas de nombramiento de los funcionarios a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, la entidad remitió los contratos de trabajo y demás documentos, donde consta que Vallarino y Fernández no son auditores.
La información fue remitida a la Fiscalía Decimocuarta por el subdirector de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Raúl Molina.
Para CF, esta documentación sustenta la posición de la empresa de que Vallarino y Fernández no son idóneos para el cargo de auditores.
La denuncia forma parte de una serie de medidas legales que lleva adelante CF contra Broce, además de una querella criminal presentada recientemente ante la Policía Técnica Judicial (PTJ) contra David De Obaldía, asesor de la superintendente, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
En esa ocasión, CF acusa a De Obaldía de haber realizado una llamada telefónica al Multicredit Bank, sin autorización de la empresa o de la Superintendente de Seguros, con la finalidad de recabar información confidencial de la empresa.
Al respecto, El Panamá América intentó infructosamente conocer la opinión de la superintendente Broce.
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