Para los perjudicados de Filanbanco es un acierto la suspensión de la subasta. Esto porque el aplazamiento aleja la posibilidad de que la entidad entre en liquidación forzosa.
El presidente de los perjudicados en Azuay, Oswaldo Cordero, cree que la suspensión de la subasta debería ser integral y no parcial. El dirigente azuayo insiste que no deben darse subastas aisladas. “La de inmuebles y vehículos solo permitirán una recuperación de 24 millones de dólares, la mayoría en acreencias. Además, estas no contribuirán a solucionar el problema de todos los clientes, sino de un grupo reducido”. Cordero también muestra su satisfacción por la ampliación de la fecha tope para la capitalización al 4 de noviembre. Los nuevos plazos los dispuso la Junta Bancaria el viernes. Los azuayos mantienen un contacto importante con Antonio Martínez Borrero, representante de la Junta Bancaria, para sus diferentes acciones. Incluso, fue clave para ser escuchada su solicitud de suspensión actual de la subasta.
Cordero no ocultó su agrado ante la ampliación del plazo para el proceso de liquidación. Aquello les dará mayor tiempo para consolidar la venta pública de los bienes y otros activos de Filanbanco. Aunque también apoya la utilización del remanente de 210 millones de dólares en bonos, entregados en mayo pasado por el Estado, para la reprivatización. Esto les permitirá a los cuentahabientes recuperar su dinero. Jaime Ruiz, presidente de uno de los comités de acreedores en
