Es un hecho conocido que con la expiración de los tratados del Canal de Panamá, expiran, también, los derechos relacionados al acantonamiento de fuerzas militares de EU en Panamá, y termina la relación laboral existente de casi un siglo entre el gobierno de EU y los miles de empleados panameños que apoyan la misión militar de defensa del Canal.
Al analizar la situación laboral en la zona canalera, hay que verlo en dos etapas. La etapa inmediata después de la firma de los acuerdos y la etapa actual de ejecución de los acuerdos, retiro gradual y transferencia de facilidades a Panamá.
También quiero, en este análisis, dejar puntos de referencias para que se pueda entender y juzgar la posición asumida por los empleados canaleros al pedir la renegociación de los acuerdos de bases. Posición tildada de antipatriota por funcionarios gubernamentales.
En la primera etapa de transición, hay que señalar que los tratados canaleros, como están escritos, desafortunadamente no contemplaron provisión alguna para el futuro de los empleados panameños que laboran en la Comisión del Canal, ni en las bases militares después de la fecha de su expiración en el año 2000. Y la pregunta lógica sería, ¿si esos panameños simplemente han de desaparecer luego de esa fecha?
La ratificación de los tratados, sin duda, abrió un período de incertidumbre en la comunidad que labora en la zona canalera, y esto ha significado para ellos, cambios drásticos y radicales en su status económico y social. Fuera de la desesperanza, agravada por el obvio abandono al que están sometidos por ambos gobiernos, los empleados se encuentran evidentemente desmoralizados al ponderar su futuro y el de sus familias. Muchos de ellos, al día de hoy, carecen de información sobre sus estatus laboral dentro de la organización canalera y, por ende, no pueden tomar decisiones fundamentales sobre su futuro, no obstante el hecho de que nuestras autoridades habían vaticinado y prometido que no habría un desmejoramiento del personal que labora en esa área y que al cerrar las bases, gran parte de sus empleados ingresarían a la Comisión del Canal, que no ha sido el caso.
En el período que precede a la concertación del tratado, los empleados fueron consolados diciéndoles que aquellas personas sujetas a recibir notificación de reducción en fuerza de la organización del Canal, tendrán derecho a "consideraciones prioritarias" para posiciones vacantes. Fueron consolados, igualmente, diciéndoles que se esperaba que más del 25% de los empleados con derecho a jubilación, se acojan al mismo en virtud a disposiciones de jubilación anticipada. Sin embargo, la mayoría de esas posiciones fueron abolidas al quedar vacantes.
En adición a lo anterior, vale la pena mencionar los siguientes hechos: Panamá, en estos períodos, ha estado agobiada por un alto índice de desempleo, inflación y pobreza. Los empleados del Canal y de las bases, a raíz de la ejecución de los pactos, les han sido negados créditos por un número de años en las instituciones financieras en Panamá, debido a las incertidumbres laborales que atraviesan. Préstamos hipotecarios y personales les han sido suspendidos en la mayoría de los bancos. Muchos empleados han incumplido con sus créditos y obligaciones financieras, debido a la reducción de fuerza laboral, cierre de instalaciones o disminución en la cantidad de horas laborales. Ha habido un descenso notable en la calidad del trabajo debido, en parte, a la baja moral y a la falta de estímulos, incentivos e información.
Dígame, si alguien puede, ¿en qué forma se puede seguir exigiendo a trabajadores tensos y confusos, con todos esos eventos dramáticos que los ha afectado, que continúen siendo productivos a altos niveles? Mientras tanto, oficiales de altos niveles del gobierno panameño nos repiten incesantemente, que Panamá no está en capacidad para absorber la situación de desempleo creada a raíz de los programas de cierre de bases y reducción de personal relacionados al tratado.
Al pedir los empleados canaleros, gradualidad en el retiro de las bases de Panamá, lo hicieron anuentes de que acabamos de emerger del congelamiento económico a que nos sometieron por tres años, seguido de la invasión al país y el consiguiente saqueo que nos dejó destruidos en lo económico, en lo social y en lo político; y razonando que esa prórroga hubiera permitido al país un tiempo de recuperación. Estaban anuentes también de que los políticos y gobernantes panameños no han tenido la valentía de explicarle al pueblo, la realidad económica que les espera con la salida de las bases. De explicar que nuestra economía está destinada a desmejorarse en un 15 ó 20% al cerrar las bases y terminar la presencia norteamericana en Panamá. De decirnos cómo piensan mejorar nuestra economía a niveles normales, tal que no nos afecte la pérdida de más de 400 millones de balboas anuales, la pérdida de más de 5,000 empleos, la terminación de varios contratistas y toda la ola expansiva de efectos secundarios.
Tenemos que admitir que nuestra sociedad todavía ve con gran temor, preocupación y desconfianza, nuestro futuro respecto a la entrega del Canal y su administración en manos panameñas, conjuntamente con la salida de las bases y la presencia de EU en Panamá.
Y esa apreciación del pueblo panameño se sustenta en la ejecutoria de nuestros políticos. Es nuestra vida política estancada y corrupta, es nuestro espectáculo político que está señalando adecuadamente al mundo que políticamente, no estamos preparados para manejar el Canal. Esa politiquería imperante en nuestro medio es lo que nos inhabilita ante propios y extraños. Es la razón por la cual el Canal fue descrito como un cuerpo de agua rodeado enteramente por problemas.
Por otro lado, políticos panameños han esbozado la tesis de que no se puede permitir que el bienestar de unos 5,000 panameños que laboran en las bases militares, represente un obstáculo a lo que el gobierno describe como su plan de áreas revertidas e intereses del país. Alegatos avanzados, sin duda, por individuos mal informados o mal intencionados, resueltos a obtener beneficios económicos a expensas de otros compatriotas sin la menor compasión, remordimiento de conciencia o consideraciones humanitarias.
Y ese, precisamente, ha sido el punto de divergencia total entre los empleados panameños que laboran en las bases y el resto de un país que aguarda impaciente el arribo del año 2000 y la consiguiente salida de la fuerza militar de EU del territorio panameño y la reversión de gran cantidad de instalaciones y facilidades. Llevados de la mano a creer que la reversión de esos bienes sería nuestra última esperanza para la solución de nuestros grandes problemas económicos, y por ende, entumecidos por la propaganda masiva del gobierno y de los medios de comunicación a no sentir ni la mínima preocupación por esos miles de compatriotas que quedarán desamparados.
De ninguna forma debe existir la necesidad de lograr ahorros pecuniarios insignificantes, a través del sufrimiento humano ocasionado por privaciones económicas impuestas a gran cantidad de familias panameñas y sus pequeños hijos durante este período tan crítico de nuestra historia.
La historia, sin duda, registrará en negritas de fondo, que tan bien han enfrentado nuestros oficiales gubernamentales, ese reto moral y crítico de esta década.
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