Trabajadores de Minera Cerro Quema exigen urgente prórroga de concesión

La economía de distritos como Tonosí y Macaracas, ubicados en Los Santos, está en peligro debido a que el Gobierno no ha aprobado la prórroga de la concesión de la Minera Cerro Quema, según explican los trabajadores del proyecto. >VEA TAMBIÉN Gobierno debe suspender proyecto minero de Cerro Quema, advierte Frente Santeño >VEA TAMBIÉN Trabajadores de mina Cerro Quema exigen al Mici prórroga de concesión Los inversionistas canadienses encargados del desarrollo de la actividad minera en esta obra, hoy no cuentan con seguridad  jurídica, debido a la inacción del Gobierno, por lo que han empezado a reducir gastos iniciando por la mano de obra. El 25% de la fuerza laboral del proyecto ya fue despedida, lo que lamenta José Luis Cárdenas, vocero de los trabajadores, quien además asegura que es una gran pérdida, porque los moradores de esta área tienen calidad de vida, justamente gracias a esta inversión extranjera. El director de Campo de la mina, José Bustamante, explicó que “la empresa contaba con una concesión que se venció en febrero de 2017, pero que debía ser prorrogada de manera automática si se cumplía con los requisitos legales y técnicos, y efectivamente se cumplió, pero aún continúan a la espera de la respuesta por parte del Gobierno, desde hace más de 13 meses. Detalló además que existe  una certificación del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para que la mina, que se encuentra en fase de exploración siga funcionando hasta que se evalúe la concesión; pero esta medida del Gobierno no ofrece seguridad jurídica a los inversionistas. “El temor es que sigan recortando personal, porque el Gobierno no da ninguna respuesta”,   agregó Cárdenas. El problema no radica solo en el aumento del desempleo en la zona, sino que trasciende impactando la economía local, tanto es así que los Consejos Municipales de Tonosí  y Macaracas expresaron su preocupación al presidente  de la República Juan Carlos Varela, a través de una  carta;  sin embargo no hubo respuesta, de acuerdo con las declaraciones de Bustamante. El Director de Campo añade que las autoridades locales y la población tienen temor que la empresa reduzca la inversión, porque esto disminuiría también las obras sociales que  desarrolla en el sitio. La problemática se hace aún más evidente si se toma en cuenta que el 94% de los trabajadores del proyecto viven en lugares aledaños y son el único sustento económico de  familias con dos  o tres hijos, destacó Bustamante. Tal es  el caso de Santiago Gutiérrez, quien lamentablemente fue parte del recorte de personal ejecutado por la empresa la semana pasada. El exempleado manifestó que  tea seis años de estar laborando en este proyecto,  por lo que lamenta la situación, pero agradece a la empresa por haberle cancelado todas sus prestaciones con prontitud. No obstante, Gutiérrez está desempleado y no sabe qué hará para sustentar a su familia, aunque mantiene la esperanza que el Gobierno apruebe la prórroga de la concesión y la empresa lo reintegre.