A pesar que las autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), han señalado que con el proyecto de ley de moratoria, los más beneficiados serán los trabajadores, la alta dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), repudian el documento.
Pedro Jaén Hurtado, coordinador de CONATO, en conferencia de prensa, señaló que el proyecto de moratoria que se debate en el Órgano Legislativo, sólo favorecerá a los patronos que le adeudan dinero a la CSS, por no remitir las cuotas que le descuentan del salario a los trabajadores.
El dirigente aseveró que "si el citado proyecto es aprobado se alterará el normal funcionamiento del sistema de la caja".
Jaén Hurtado, denunció que "existe un componente de reparto que se combina con la existencia de un fondo que genera intereses, y que implica que las cuotas sean recibidas con regularidad en un tiempo determinado para que las mismas puedan ser capitalizadas".
Indicó además que el pago de intereses y recargos por parte de los patronos morosos es para compensar esas cuotas adeudas que no pueden ser utilizadas en los programas de inversión de la CSS, y su eliminación significa un subsidio a favor de los capitales morosos.
Según el dirigente, esta es una inequidad que desfavorece a quienes pagan sus cuotas a tiempo y a quines hicieron su esfuerzo de ponerse al día pagando intereses y recargos.
En tanto, las autoridades de la CSS, señalan que con esta Ley de Moratoria, lo que se busca es recuperar la cartera morosa que tiene la institución y que asciende a $129 millones.
En los cuatro meses de moratoria se espera recaudar de 10 a 20 millones de dólares, con el fin de cumplir con la meta presupuestaria de la entidad que es de $45 millones.
Según cifras de la CSS en los últimos cinco años, la morosidad de la entidad pasó de $83.8 millones en (1999) a $129 millones al mes de septiembre de 2003, lo que representa un crecimiento medio anual de aproximadamente de $9 millones.
Los estados financieros de la CSS, precisan que al 30 de septiembre de 2003, el sector privado registraba una deuda de $38 millones, mientras que el gobierno figura con un monto adeudo por el orden de los $79 millones, y el resto de los dineros que debe recuperar la entidad están en otras cuentas, que aún no han sido cobradas.
Las anteriores prorrogas se otorgaron en 1990 y 1992, debido a la situación política y económica que vivió el país con la invasión del 20 de diciembre de 1989. En esta oportunidad la CSS, pudo cobrar unos $35 millones en concepto de morosidad.
Desde el año 2000 el país atraviesa una contracción económica que se agudizó en cierta forma con los atentados del 11 de septiembre de 2001, por esta razón la entidad, considera que es oportuna esta ley.
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