El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, descartó que su país vaya a sufrir una crisis como las que obligaron a restringir los movimientos de depósitos en Argentina y Uruguay, pero llamó a evitar la especulación y a racionalizar las tasas de interés para alejar el fantasma de una bancarrota financiera.
"Nuestro país no permitirá la tragedia que han sufrido muchos otros que han amanecido con los bancos cerrados y los depósitos de la gente esfumados", dijo Uribe al clausurar una reunión de banqueros colombianos en la caribeño balneario de Cartagena de Indias (1.200 km al norte de Bogotá).
Pero el mandatario llamó al sistema finaciero colombiano a realizar "mayores esfuerzos para evitar la especulación, a racionalizar las tasas de interés y a otorgar créditos a quienes pasan por situaciones difíciles" a fin de reactivar la economía y evitar el colapso de los bancos.
El antecesor de Uribe, Andrés Pastrana, lanzó hace tres años un millonario programa de salvamento de los bancos en crisis en ese momento, y anunció que el sistema financiero colombiano quedaba "blindado" en el mediano plazo. Uribe, en funciones desde el pasado 7 de agosto, dijo en Cartagena de Indias que su Gobierno sacará adelante un drástico plan de ajuste fiscal, para tratar desanear las finanzas públicas y dinamizar el alicaído aparato productivo de Colombia.
Ese programa de ajuste incluye una nueva reforma tributaria, laboral y de pensiones, un fuerte recorte en los gastos del Estado, la eliminación de miles de puestos de trabajo, la fusión o supresión de entidades públicas y la congelación de la inversión social, entre otros asuntos.
Los sindicatos se oponen tenazmente al paquete de reformas que el Gobierno ya presentó a consideración del Parlamento, por considerar que castigará aún más a los colombianos pobres, en medio de un desempleo creciente y de la peor recesión de la economía nacional en siete décadas.
El gobierno de Uribe se dispone a renegociar con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas de tres años, que vence en diciembre próximo, el cual está atado a un crédito por 2.700 millones de dólares que el organismo concedió a Bogotá para "blindar" su economía ante las turbulencias regionales.
