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“En mi gobierno no se aumentará ningún impuesto, grábalo”, afirmó categóricamente el presidente Juan Carlos Varela durante una entrevista en Telemetro antes de la toma de posesión.
Sin embargo, incumplió su palabra aplicando un tributo a la extracción de arena, piedra, entre otros, el cual traerá como consecuencia aumento en el costo de las viviendas y desaceleración de las inversiones inmobiliarias.
Luego de que la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley 197 para financiar el aumento de los jubilados, Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), aclaró que con este impuesto el presupuesto de las empresas y el flujo de dinero para pago de salarios e inversiones se detiene, por lo tanto la productividad del país disminuye.
Advirtió también sobre una disminución en el crecimiento de la economía nacional basada en esta desaceleración.
Este tributo también incidirá en el costo de las viviendas, así como los otros impuestos que se han venido generando en el sector de la construcción, recordó Roderick McGowen, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).
“Se han venido creando nuevas tasas de diferentes autoridades gubernamentales, lo cual crea incidencia en los costos”, señaló McGowen.
Pago de más intereses
Con la aplicación del tributo no solo se pagará un precio más alto por las casas, sino que también se pagarán más intereses por la hipoteca, aclaró el economista Juan Jované.
Otra consecuencia será la especulación en los precios que afectará al consumidor con un alza del 12%, afirmó Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).
Troncoso argumentó que los sectores involucrados se excusarán en el aumento del impuesto y sacarán sus cálculos para protegerse.
Abuso del precio
Coincide con Troncoso, Giovani Fletcher, presidente del Instituto Panameño de Derecho de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), al mencionar que “los niveles de especulación que se dan en este país permiten fácilmente un abuso del precio sin ningún tipo de temor”.
Para evitar la especulación en los precios de los materiales, Jované propone que el Gobierno regule los costos, pero aseguró que esto no va a ocurrir por “el conflicto de intereses”.
Por su parte, Felipe Argote, presidente de la Comisión de Entorno Macroeconómico y Finanzas Nacionales de Apede, manifestó que “el monto necesario para el aumento de los jubilados resulta apenas un 0.004% del presupuesto corriente de $20 mil millones y debió ser incluido si era la intención del Gobierno cumplir con esa promesa, en vez de recargar a los ciudadanos con más impuestos”.
El gremio empresarial no ve cómo el Gobierno afirma que estará vigilante para que no exista un aumento en los precios de las viviendas, si existe libre oferta y demanda en este mercado.
En ese sentido, la presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), Djurdjica Kuntich, señaló que el gremio no daría opinión sobre este tema hasta examinar el proyecto de ley.
Alcohol era la opción
Para no afectar al consumidor se debió colocar un impuesto al licor, indicó Troncoso, quien concuerda con Jované.
El economista considera que se debió tomar una fuente de financiamiento que no tuviera la capacidad de golpear a los panameños de las clases media y más modesta. “La vivienda sí es una necesidad básica, casi un derecho humano, no como el alcohol que es perjudicial”, enfatizó Jované.
Cifras
- 12% aseguran los expertos será el alza en el costo final de las viviendas.
- 3 dólares es el impuesto por metro cúbico por extracción de arena.
- $12 millones aportarán las canteras y minas para financiar el aumento a los jubilados.
