El fallo que emitiera la Corte Suprema de Justicia que les permite a los consumidores terminar con el contrato de compraventa en caso de incumplimiento por parte de las promotoras podría encarecer el precio de las casas y eliminar la intención de invertir es este sector.
Así lo aseguran gremios del sector construcción al señalar que con esta modificación a la Ley 45, tristemente, la que tendrá que pagar las consecuencias será la clase media trabajadora, que ahora para poder comprar una vivienda nueva tendrá que pagar más.
Elisa Suárez, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), destacó que la modificación a la Ley 45, que dicta normas sobre protección al consumidor, pone en peligro la adquisición de viviendas para la clase media trabajadora del país.
Agregó que esta situación elimina la intención de muchas promotoras de invertir en proyectos habitacionales, ya que entre más reglas estrictas y sin sentido se les ponen, menos quieren realizar inversión en este tipo de negocios.
“Es triste pensar que cada día se puedan ofertar menos viviendas económicas para la clase media panameña, que es la que mantiene al país porque es la que paga impuestos”, manifestó Suárez.
Destacó que cuando se demora en la entrega de una vivienda, todos pierden, incluyendo al Estado, ya que esos clientes a los que no se les puede entregar su casa no hacen un contrato de luz, agua, no pagan impuestos, por lo que se pierde efectividad y seguridad social del que tiene una casa nueva.
“Nosotros estamos muy de acuerdo que aquellos que abusan en el tema de entrega de la vivienda tengan sus penalizaciones, pero los artículos que acaba de modificar la Corte Suprema no son los que van a resolver este tipo de problemas”, acotó la directora ejecutiva de Convivienda .
Resaltó que cuando ellos negociaron la Ley 45, una de las cosas que pidieron fue que el Estado se comprometiera a que los trámites legales para construir casas se hicieran en el tiempo adecuado y en muchos casos esto no ha pasado.
Acotó que las promotoras no cobran hasta no entregar una vivienda, por lo que a ellas no les interesa retrasarse, ya que lo que desean es entregar el bien de forma rápida para cobrar a tiempo.
Comentó que en estos momentos están estudiando el fallo de la Corte para ver qué medidas tomar, resolver el problema y que la gente tenga su casa en el tiempo adecuado.
Por su parte, Katherine Shahani, presidenta de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), destacó que hay muchos factores que son los que pueden llevar a retrasar la entrega de una vivienda.
Manifestó que, por ejemplo, están los trámites en el Registro Público y en los municipios, los cuales son muy demorados, lo que conlleva a no entregar una casa en el tiempo indicado.
Señaló que otro factor que podría estar influyendo es que ellos dependen de otros elementos alternos, como por ejemplo los contratistas, los cuales en algunos casos no les entregan a tiempo los trabajos.
Shahani destacó que si las promotoras tienen que ponerse a evaluar los riesgos económicos que esta modificación puede traer, es lógico que se puedan aumentar en algún sentido los costos de las casas.
A favor del consumidor
Entre tanto, Óscar García, director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), comentó que el fallo de la Corte es favorable para los consumidores.
Añadió que esto los fortalece y les da el derecho de exigir que si el promotor no les cumple con la fecha de entrega pactada, puedan solicitar la cancelación y el regreso de las sumas pagadas sin ser multados.
García agregó que él no cree que esta situación traiga consigo una avalancha de consumidores solicitando la cancelación de los contratos de compraventa como algunos promotores han querido hacer ver.
Añadió que algo que hay que destacar es que el fallo va a obligar a los desarrolladores de proyectos a que sean más serios y responsables a la hora de programar una fecha de entrega.
Mientras, Pedro Acosta, secretario general de la Unión de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa), dijo que los gremios de vivienda saben cuáles son las empresas que incumplen con las entregas de las casas y no las denuncian.
Según cifras oficiales de la Acodeco, hasta el mes de agosto, en la oficina de conciliación de esta entidad, han recibido unas 284 quejas relacionadas con empresas inmobiliarias.
Cifras
284 quejas ha recibido la Acodeco en los ocho primeros meses de 2015 en temas inmobiliarios.
19.3% de crecimiento ha mostrado la construcción residencial hasta julio, según Contraloría.
