El Gobierno de Ecuador anunció hoy que ofrecerá su experiencia en la destrucción y limpieza de zonas infestadas por explosivos, durante la I Reunión de Estados Partes de la Convención sobre Municiones de Racimo, que se celebrará en Laos, en noviembre próximo.
La cancillería ecuatoriana informó en un comunicado de que esa será su posición en la reunión de Laos y que ya fue expuesta en una conferencia internacional que se llevó a cabo esta semana en la capital chilena.
Ecuador, señala el texto, puso a disposición de las naciones que lo requieran la experiencia adquirida y las "capacidades técnicas para la destrucción de arsenales y limpieza de zonas contaminadas con este tipo de armas, en el marco de la cooperación internacional y asistencia".
Añade que "Ecuador es un país comprometido con la paz y el desarme y un firme defensor de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario", por lo que esa será su postura en la Convención de Laos.
Asimismo, durante la conferencia en Santiago, "Ecuador exhortó a los países que aún no han firmado o ratificado este tratado, a que lo hagan" y recordó que el pasado 11 de mayo entregó a la Secretaría General de Naciones Unidas el instrumento que ratifica su adhesión a la Convención de Municiones de Racimo.
La experiencia ecuatoriana surgió de las labores de retiro de minas antipersonales en unos sectores de su frontera con Perú, donde los ejércitos de ambos países libraron fuertes combates durante la denominada "Guerra del Cóndor", entre enero y febrero de 1995.
Tras la firma de un acuerdo definitivo de paz y límites, en septiembre de 1998, Ecuador y Perú se propusieron limpiar las zonas infestadas con minas antipersonales en la frontera común, proceso que aún continúa pero que ha tenido avances importantes.
Las bombas de racimo, cuyos grandes productores son Rusia, Estados Unidos, China, la India, Pakistán e Israel, consisten en una bomba "contenedor" que se lanza desde tierra, mar o aire, y que al abrirse en su trayectoria deja caer múltiples cargas explosivas.
El tratado internacional adoptado en mayo de 2008 en Dublín prohíbe su empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia.
Los defensores del tratado señalan que entre un 5 por ciento y un 30 por ciento de las submuniciones no explotan en el momento del impacto y permanecen activas durante años actuando como minas antipersonales.
Por ello, más de 13.000 personas se convierten cada año en víctimas confirmadas de este tipo de armamento, aunque otros estimados elevan la cifra a "decenas de miles", según la organización Handicap International.
