Ecuador no pretende crear "un club de países deudores no pagadores", señaló hoy en Lima el vicepresidente del Congreso ecuatoriano, César Rodríguez, al explicar el alcance de las medidas tomadas por el presidente Rafael Correa respecto al pago de la deuda externa.
El legislador afirmó, tras reunirse en Lima con el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Freddy Ehlers, que su país no quiere que se "desvirtúe" la iniciativa que planteó para auditar la deuda externa y negarse a pagar aquellos intereses considerados ilegales.
"La auditoría evidenció elementos de presunta ilegalidad en la negociación y corrupción, lo que configura una deuda que Ecuador considera ilegítima y, por lo tanto, plantea un proceso de no pago sobre esos tramos", explicó Rodríguez.
Así, el congresista indicó que Ecuador "no busca repudiar ninguna deuda en términos de país" sino llamar la atención sobre irregularidades en la conformación de la deuda externa que afecta a toda América Latina.
En su opinión, impulsar el desarrollo de auditorías que investiguen la deuda externa de los países redundará "en la construcción de una nueva ética en las finanzas internacionales", algo que es positivo especialmente en "épocas de crisis".
En idéntico sentido se expresó Hugo Arias, uno de los integrantes de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador, quien indicó que esta iniciativa ecuatoriana ha sido "un trabajo serio que hay que dar a conocer a la sociedad civil de América Latina".
Arias señaló que, para evitar controversias, Ecuador estaría encantado de que otras instituciones analizaran la situación de la deuda externa del país, lo que permitiría poner en la palestra "un problema real y objetivo" para la región.
El secretario de la CAN dijo tras la reunión que esta propuesta ecuatoriana es importante en tanto que pretende que "la transparencia sea la base para el funcionamiento del sistema financiero internacional".
El pasado 20 de noviembre, el presidente Correa anunció que su país buscará no pagar un tramo de la deuda externa después de que una investigación concluyera que en varios procesos de las obligaciones contratadas en los últimos 30 años existen indicios de "ilegalidad".
