Editorial
Denuncia en el MP
El escándalo del lavado de dinero girado al candidato presidencial panameñista, Juan Carlos Varela, motivó una denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público (MP)
El escándalo del lavado de dinero girado al candidato presidencial panameñista, Juan Carlos Varela, motivó una denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público (MP)
- Publicado: 23/4/2014 - 12:00 am
El escándalo del lavado de dinero girado al candidato presidencial panameñista, Juan Carlos Varela, motivó una denuncia penal interpuesta ante el Ministerio Público (MP), en la que se solicita se incluya a todos los beneficiarios o representantes de las 26 cuentas bancarias y las sociedades que recibieron pagos y depósitos de la Fundación Don James.
El denunciante solicita que se aclare si las cuentas bancarias señaladas recibieron fondos procedentes del lavado de dinero, producto de apuestas ilegales en Estados Unidos y la triangulación de fondos públicos desde los consulados en Corea del Sur y Japón (Kobe).
El Diario Las Américas reiteró que Michel Lasso y Philip Gurain, comprometidos en operaciones de lavado de dinero obtenido del juego ilegal, fueron procesados por la Justicia estadounidense. Estas personas transfirieron dineros a cuentas en Panamá, procedentes de paraísos fiscales que tuvieron como destinatarios no solo al candidato Varela, sino a personas muy cercanas a este: Jaime Lasso del Castillo (excónsul en Corea del Sur) y Alberto Aristides Arosemena Medina (excónsul en Kobe, Japón).
Destacó el diario norteamericano que varios fondos que llegaron a las cuentas de la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Varela, como mostró el periódico de Florida en publicaciones de cheques girados al candidato presidencial en referencia.
En uso objetivo de las atribuciones que le otorga la Constitución, debe, de conformidad con el numeral 3, “vigilar la conducta oficial de los funcionarios y cuidar que en todos desempeñen cumplidamente sus deberes”, y “perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales”, según el numeral 4.
Como vicepresidente de la República, Varela podría ser acusado ante la Corte Suprema por la procuradora general de la nación, si las investigaciones determinaran su responsabilidad, conforme el artículo 222 de la Constitución.
La Carta Política instituye que el presidente y vicepresidente son responsables por extralimitación de funciones y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública, pudiendo ser destituido e inhabilitado para ejercer cargo público por el término que fije la ley.
Varela no tomó en cuenta que como vicepresidente sus funciones debieron ceñirse estrictamente a los dispositivos constitucionales sobre la materia. También, como ministro de Relaciones Exteriores, es responsable de los nombramientos de los cónsules en Corea del Sur y Japón y deberá explicar las transferencias de fondos a su nombre, mediante la triangulación con la Fundación Don James.
El Diario Las Américas afirma que sus informaciones se basan en documentos que registran giros de fondos por $706,533, destinados al candidato panameñista, familiares, sociedades, proveedores de campaña a través de la Fundación Don James del excónsul Jaime Lasso.
Además de las responsabilidades que incumbe investigar al Ministerio Público y de la participación de la Corte Suprema de Justicia, deteriora la imagen internacional de Panamá el hecho del supuesto involucramiento de altas autoridades en bochornosos casos. No estamos ante antojadizos y especulativos casos inflados por los medios de comunicación en mancuerna con la oposición. Tales canales de información y opinión ponen al descubierto el alcance unilateral de sus impugnaciones selectivas.
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