Estados Unidos consideró hoy "inaceptable" que las ONG inspeccionadas la semana pasada en Egipto no hayan recuperado su material y atribuyó esa acción a elementos del antiguo régimen de Hosni Mubarak que permanecen en el Gobierno.
"No sólo estamos preocupados porque el asunto no se haya resuelto, sino también porque parece haber algunos vestigios de Mubarak en el Gobierno que no parecen entender cómo funcionan estas organizaciones en una sociedad democrática, y que están sembrando la desinformación acerca de ellas", aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland.
El pasado jueves, la Fiscalía de Egipto inspeccionó los locales de 17 ONG de derechos humanos, entre ellas dos estadounidenses, en busca de documentos que confirmaran su financiación exterior, y se incautó de documentación y equipos técnicos.
"Varios líderes del Gobierno egipcio nos habían asegurado que esta situación se resolvería. Es francamente inaceptable para nosotros que las cosas no hayan vuelto a la normalidad", indicó la portavoz en su conferencia de prensa diaria.
La embajadora estadounidense en El Cairo, Anne Patterson, se reunió hoy con el ministro de Justicia egipcio, Adel Abdel Hamid, para hablar sobre el registro de las ONG.
"Esperamos que las autoridades egipcias estén teniendo conversaciones con las autoridades judiciales de su país sobre qué es apropiado y qué no. Pero francamente, lleva demasiado tiempo", afirmó Nuland.
La portavoz insistió en que algunas de las declaraciones "más estridentes" que han llegado últimamente desde El Cairo "parecen provenir de antiguos integrantes (del régimen) de Mubarak, que claramente no están en sintonía con el pueblo egipcio".
"Hay, claramente, un esfuerzo muy agresivo de propaganda para asustar al pueblo egipcio", añadió.
Según la Fiscalía, no obstante, hay "pruebas serias" de que las organizaciones registradas practicaron actividades que violan la ley egipcia que regula su funcionamiento y que prohíbe, entre otros, la captación de fondos extranjeros.
Además, ninguna de ellas había logrado autorización de los ministerios de Exteriores o de Solidaridad Social para abrir sucursales en el país, según un comunicado de los jueces a cargo de la investigación.
