El embajador de EE.UU. en Reikiavik fue convocado este lunes por el Gobierno de Islandia por la orden judicial de un tribunal estadounidense que exige a Twitter información sobre una diputada islandesa simpatizante de WikiLeaks.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Philip Crowley, indicó en su rueda de prensa diaria que Luis Arreaga "tuvo una conversación constructiva con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia y escuchó atentamente sus preocupaciones".
"Aprovechamos la oportunidad para subrayar cuán serio el Gobierno de Estados Unidos se toma la publicación no autorizada de información clasificada y el daño que ha causado", explicó.
"Nuestro embajador aseguró al Gobierno de Islandia que una investigación del Departamento de Justicia se está llevando a cabo acorde a las leyes estadounidenses y está sujeta a todas las normas del Estado de derecho y del debido proceso consagradas en la Constitución estadounidense y en la ley federal", agregó.
Una orden judicial emitida el 14 de diciembre por un tribunal estadounidense exige a la red social Twitter información sobre la cuenta de WikiLeaks, así como detalles personales de su fundador, Julian Assange, y varios simpatizantes de la organización.
La citación pide información de Assange, así como de Bradley Manning, el soldado acusado de ser la fuente de WikiLeaks y de Birgitta Jonsdottir, una de las 63 integrantes del Parlamento de Islandia que colaboró con Assange en la divulgación del vídeo "Asesinato Colateral" en abril pasado.
El citado vídeo muestra cómo un helicóptero estadounidense dispara en julio de 2007 contra civiles en Irak en un aparente ataque a sangre fría en el que fallecieron un fotógrafo de Reuters y su conductor.
La legisladora islandesa ha calificado la citación judicial como "completamente inaceptable".
"El Gobierno de EE.UU. quiere saber todo sobre mis tweets desde el primero de noviembre de 2009. ¿Son conscientes de que soy miembro del Parlamento de Islandia?", se preguntó Jonsdottir en un mensaje de Twitter.
La política aseguró que emprenderá una campaña legal para impedir que el Gobierno estadounidense se haga con sus mensajes después de que Twitter le informara que se había emitido la citada orden judicial.
Jonsdottir patrocina una iniciativa para convertir a Islandia en un "refugio seguro" para periodistas y medios.
La orden judicial incluye también al pirata informático holandés Rop Gonggrijp y el programador estadounidense Jacob Appelbaum. Ambos han colaborado con WikiLeaks.
La información requerida en la citación judicial abarca desde el primero de noviembre de 2009 hasta la actualidad.
La orden pide las direcciones de IP (Protocolo de Internet) desde las que los cinco usuarios acceden a su cuenta en Twitter, y también solicita sus direcciones de correo electrónico, dirección postal u otra información de contacto, así como mensajes privados enviados a través de la red social y detalles de conexiones realizadas, entre otra información.
WikiLeaks está en el punto de mira de Estados Unidos tras divulgar en noviembre pasado cientos de miles de documentos confidenciales redactados por diplomáticos basados en embajadas estadounidenses en distintas partes del mundo.
La organización filtró también 90.000 documentos sobre la guerra de Afganistán en julio pasado y casi 400.000 sobre la guerra de Irak en octubre.