El 48 por ciento de los uruguayos rechaza el proyecto oficialista para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, que impide juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985), según una encuesta publicada hoy por Equipos Mori.
Un 31 por ciento de los encuestados está de acuerdo con el proyecto presentado en el Parlamento por el izquierdista Frente Amplio (FA), que busca dejar declarar inaplicable la ley aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
El 21 por ciento restante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, indica el sondeo, realizado telefónicamente entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre a 406 personas mayores de 18 años.
Entre los votantes del FA, el 46 por ciento respalda la aprobación de la normativa, un 41 por ciento la rechaza y un 13 que no sabe o no contesta.
En el electorado de la oposición, el rechazo se eleva al 57 por ciento, aunque un 19 por ciento apoya el proyecto y un 24 no esta ni acuerdo ni en desacuerdo.
Por edades, un 48 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años apoya la iniciativa, proporción que se sitúa en el 43 por ciento en el grupo de encuestados de entre 30 y 39 años.
En el segmento de mayor edad el apoyo es menor, ya que en los adultos de entre 50 y 59 sólo un 22 por ciento está de acuerdo con el proyecto frente al 61 que lo rechaza, mientras que el 25 por ciento de los que tienen más de 60 años lo aprueba y un 52 no lo apoya.
El proyecto fue aprobado la pasada semana en la Cámara de Diputados con el apoyo exclusivo de los legisladores oficialistas, algunos de los cuales admitieron haber votado a favor por disciplina partidaria, y cuenta con el rechazo de todos los partidos de la oposición.
En el Senado, donde también el Frente Amplio tiene mayoría, varios de los senadores oficialistas anunciaron que no apoyarán la iniciativa, por lo que está en peligro su aprobación definitiva.
Los medios locales afirmaron ayer que el mismo presidente de Uruguay, José Mujica, alienta a su partido a seguir adelante con el proyecto interpretativo a pesar de las diferencias internas.
Sin embargo, el mandatario señaló después que no está participando en la discusión, según un comunicado colgado en la página oficial de Presidencia.
El lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para una causa abierta contra el ex presidente devenido en dictador Juan María Bordaberry por su presunta responsabilidad en la muerte de 20 personas bajo su Gobierno de facto.
Se trata de la segunda ocasión en la que la corte declara inconstitucional la norma, después de lo sucedido en octubre de 2009 con el caso del asesinato en 1974 de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.
Precisamente por esa causa declaró el jueves ante la Justicia el general Miguel Dalmao, el primer militar en activo procesado por un homicidio registrado durante la dictadura, cuando el enjuiciado tenía rango de alférez.
