El Poder Judicial de Costa Rica recibió el año pasado 231.178 denuncias por delitos varios, de las cuales el 4,9% (8.818) terminaron en una sentencia, lo que refleja un nivel de impunidad del 95,1% en el país, denunció hoy el grupo privado de abogados Jurisis Victimología.
Jurisis realiza cada año un informe llamado "Impunómetro", basado en las estadísticas oficiales del Poder Judicial, en el que mide la respuesta del sistema de justicia a las denuncias de los ciudadanos.
El director del grupo, el jurista y ex ministro de Seguridad Juan Diego Castro, señaló hoy en rueda de prensa que de 1998 al 2009, la tasa de denuncias en Costa Rica pasó de 2.400 a 5.126 por cada 100.000 habitantes, mientras que el porcentaje de sentencias se redujo del 6,5% al 3,8% de los casos.
Castro llamó la atención sobre el bajo número de sentencias dictadas por los tribunales costarricenses, y que de éstas, el número de condenas es todavía menor.
Por ejemplo, el año pasado, de las 8.818 sentencias, solo 4.969 fueron condenatorias, lo que representa apenas el 2,1% del total de denuncias presentadas.
El alto nivel de impunidad, de acuerdo con el abogado penalista, es especialmente alarmante en delitos como los homicidios dolosos, las violaciones, robos y el narcotráfico.
El año pasado se denunciaron ante el Ministerio Público 472 asesinatos, de los cuales 233 llegaron a juicio pero solo 166 (35,16%) terminaron en condenas, criticó Castro.
En el caso de las violaciones, de las 1.602 denuncias presentadas en el 2009, apenas 136 resultaron en condenas, lo que deja un nivel de impunidad de 91,5%, mientras que solo el 2,6% de las 44.674 víctimas de robo lograron que sus asaltantes fueran condenados.
Además, el 98,8% de las 65.698 denuncias por violaciones a la ley de psicotrópicos, es decir por tenencia y comercio de drogas, quedaron sin sentencia.
Para Castro, "la respuesta de los políticos a la sociedad costarricense en los últimos años ha sido irresponsable y demagoga", y criticó especialmente al ex fiscal general Francisco Dall'Anese por ocuparse durante su gestión "casi exclusivamente" del crimen organizado y descuidar los delitos comunes que afectan al grueso de la población.
