Human Rights Watch (HRW) consideró hoy que el plan de acción aprobado hoy para destrabar el Tratado de Libre Comercio (TLC) pendiente entre Colombia y EE.UU. olvida los abusos a derechos humanos, en especial la violencia contra sindicalistas en el país sudamericano.
En un comunicado, la organización instó al Congreso estadounidense a insistir en el "cumplimiento estricto" de los compromisos en materia de derechos humanos de los presidentes de EE.UU. y Colombia, Barack Obama y Juan Manuel Santos, respectivamente, antes de proceder a desbloquear el TLC.
"El Gobierno de Obama ha reconocido correctamente la necesidad de condicionar la ratificación del TLC a la protección de los sindicalistas colombianos, que durante décadas han sido asesinados en cifras récord", dijo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, en el comunicado.
"Pero aunque los compromisos de hoy sean muy importantes en algunas áreas, olvidan un asunto que está en el corazón del problema: la operación contínua de los grupos armados que se encuentran detrás de la mayoría de actos de violencia contra los sindicatos y otros abusos", añadió.
El Congreso debe insistir en la necesidad de hacer progresos para enfrentar esos grupos armados, indica el comunicado.
Además, la organización consideró que la investigación de los casos de violencia laboral prevista en el plan de acción debería ejecutarse con la contratación de abogados especializados que puedan analizar "todos los casos, no sólo la pequeña fracción que se investiga actualmente".
"Para tener algún impacto, el plan de acción deberá aplicarse vigorosamente, y su cumplimiento debe medirse en términos de resultados concretos", dijo Vivanco.
HRW recordó que Colombia es el país del mundo con más asesinatos de sindicalistas, con más de 2.800 asesinatos registrados desde 1986, según la organización no gubernamental colombiana Escuela Nacional Sindical (ENS).
Sólo un 25 por ciento de esos asesinatos son investigados por la Oficina del Fiscal General de Colombia, y de ellos, sólo un 15 por ciento habían acabado en sentencias penales en octubre de 2010, según fuentes oficiales citadas por HRW.
A principios de febrero, Santos anunció un plan para combatir a los grupos paramilitares a los que las organizaciones atribuyen la mayor parte de esos asesinatos, aunque ese plan aún no ha sido implementado por completo ni ha producido resultados, aseguró HRW.
"Aunque el Gobierno de Santos ha anunciado una nueva estrategia para perseguir a estos grupos, la omisión de este asunto en el plan de acción ha eliminado un importante incentivo para seguir luchando", opinó Vivanco.
Dentro del plan de acción, Colombia se compromete a reformar para el 15 de junio el Código Penal de modo que se castiguen las medidas o amenazas que puedan afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.
También la Policía colombiana deberá nombrar 95 investigadores para antes de fin de año que se encargarán de apoyar las investigaciones de delitos contra sindicalistas.
Para el 22 de abril, el Gobierno de Santos extenderá la protección a los activistas sindicales, a los trabajadores que quieren sumarse a un gremio o a los exsindicalistas que se vean amenazados por actividades pasadas.
