El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, aseguró hoy que pidió que fuera apartado de la causa que investiga escuchas telefónicas ilegales a políticos y empresarios el juez federal Norberto Oyarbide, quien el pasado viernes ordenó su procesamiento por este escándalo.
Oyarbide procesó a Macri por considerar que fue "partícipe necesario" en una "asociación ilícita" responsable del espionaje ilegal.
"Creemos que lo que hemos presentado está muy bien fundado. Esperemos que la Justicia independiente actúe en consecuencia y le diga definitivamente a la gente que no hay ningún hecho, ninguna prueba que demuestre que yo soy miembro de una asociación ilícita", indicó Macri.
El jefe del Gobierno porteño insistió en que esta causa "es un invento" y volvió a arremeter contra el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de la actual mandataria argentina, Cristina Fernández.
"No estoy contento con lo que ha hecho Néstor Kirchner con esta causa armada que ha generado, siempre con el mismo estilo de intentar descalificar a sus adversarios. No me parece que esté nada bien", opinó tras un acto público.
Macri, que ha negado ya en varias ocasiones los cargos en su contra, acusa al juez de ser "funcional" a los intereses políticos del Gobierno de Fernández, con el que mantiene un enfrentamiento reavivado desde que se implicó al alcalde en esta causa.
El polémico caso de espionaje se destapó en octubre, cuando se conocieron supuestas prácticas de escuchas ilegales a Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado terrorista contra la mutualista judía AMIA (1994) por parte de Jorge "Fino" Palacios, a quien Macri había encargado crear la Policía Metropolitana, en funciones en la capital argentina desde comienzos de este año.
Palacios y el antiguo agente federal Ciro James se encuentran detenidos desde fines del pasado año, acusados de "intervención indebida de las comunicaciones y falsificación ideológica de documentos públicos".
El abril, Oyarbide ordenó también la detención de los ex jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, acusados de haber autorizado las escuchas ilegales, aunque el segundo fue excarcelado días más tarde.
