El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pidió hoy a grupos regionales de Latinoamérica y el Caribe que condicionen el regreso de Honduras a la OEA al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En un comunicado, el CEJIL sostuvo que antes de que se anule la suspensión de la pertenencia de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno de ese país debe "demostrar con hechos concretos su voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos".
La organización envió cartas a los presidentes de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al mandatario mexicano, Felipe Calderón, y a los jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM), con ese planteamiento.
En las misivas, la organización considera como condiciones necesarias para el retorno de Honduras a la OEA "el cese de todo acto de persecución política" hacia quienes se han manifestado en contra del golpe de Estado de junio de 2009, la revisión del trabajo de la Comisión de la Verdad y el acatamiento de las recomendaciones establecidas por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
También cree importante que el Estado permita la instalación en el país de una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que todos los poderes del Estado se abstengan de hacer nombramientos que fomenten la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya.
Asimismo, solicita que se realicen acciones concretas para fortalecer la independencia judicial en Honduras.
En cuanto a la Comisión de la Verdad, sostiene que no incluye de manera expresa el mandato de investigar violaciones de los derechos humanos y su legitimidad es cuestionada, porque se ha excluido a sectores de la sociedad civil y a las víctimas.
Tampoco se vincula a los poderes Legislativo y Judicial ni los obliga a brindar información, no establece la obligación del Estado de asignar recursos económicos para el funcionamiento de la Comisión y no garantiza el acceso de la ciudadanía a la información pública, según el CEJIL.
La organización manifestó además su preocupación por el despido por parte de la Corte Suprema de Justicia de tres jueces, una magistrada de la Corte de Penal de Apelaciones y un defensor público el pasado 5 de mayo.
Según el CEJIL, esos despidos reflejan "la persecución política contra los magistrados que se manifestaron en contra del golpe de Estado y fueron críticos con la actuación del Poder Judicial".
Las cartas enviadas hoy se suman a otras dirigidas la semana pasada al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las relatorías especiales de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y para la protección de los defensores de los derechos humanos.
En enero pasado asumió la Presidencia de Honduras Porfirio Lobo, ganador de las elecciones de noviembre, pero cuyo Gobierno no es reconocido por varios países latinoamericanos, debido a que fue elegido en una situación de ruptura del orden constitucional.
