El Colegio de Abogados de Brasil (OAB, por sus siglas en portugués) anunció hoy su apoyo a una iniciativa de los diarios brasileños para que, mediante una sentencia amplia y vinculante, la corte constitucional evite que jueces de primera instancia sigan imponiendo la censura en Brasil.
La idea fue propuesta el martes por la Asociación Nacional de los Diarios, que reúne a los propietarios de 143 periódicos, tras la divulgación de un informe según el cual, en los últimos doce meses, al menos 16 jueces de primera instancia prohibieron la publicación de diferentes noticias.
Según dicho documento, entre agosto de 2008 y julio de 2009 fueron registrados 31 casos de violación a la libertad de prensa en Brasil, de los cuales 16 fueron amparados por decisiones judiciales.
El Colegio de Abogados está dispuesto a presentar la respectiva petición ante la corte constitucional "basado en la larga historia de la OAB en defensa de la libertad de prensa y ante la comprensión de que la democracia necesita de esa libertad", afirmó el presidente de la OAB, Cezar Britto, en un comunicado emitido hoy por la entidad.
La llamada "censura previa" es impuesta por jueces, principalmente municipales, en respuesta a peticiones presentadas generalmente por políticos acusados de corrupción e irregularidades que se dicen perjudicados por la publicación de informaciones de los procesos en su contra.
El caso más reciente es el de un juez que prohibió al diario O Estado de Sao Paulo, uno de los más importantes del país, de publicar informaciones sobre una investigación contra un hijo del senador y ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990) acusado de desviar recursos públicos.
Los integrantes de la asociación de diarios, que se reunieron ayer para conmemorar el trigésimo aniversario de la entidad y lamentaron el aumento de los casos de "censura previa", estudian la posibilidad de solicitar ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte de Brasil, que se pronuncie oficialmente sobre las prohibiciones de los jueces de primera instancia.
La idea es que el máximo tribunal, mediante una sentencia suma, que firme jurisprudencia y tenga efecto vinculante para todos los jueces y magistrados del país, haga valer los artículos de la Constitución que garantizan la libertad de prensa en el país.
"El censor es el gran enemigo de la libertad, y la censura previa a la prensa remota a los tiempos autoritarios revocados por la Constitución de 1988, que está completando 21 años", afirmó Britto, en unas declaraciones citadas en el comunicado de la OAB.
De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados, pese a que la censura está prohibida en la Carta Magna, se vive en un "país en donde la orden de un comisario vale más que la Constitución y que el reglamento interno de un tribunal vale más que la Constitución".
