El conflicto entre el Gobierno argentino y el sector rural cumple hoy un año con los impuestos a las exportaciones de granos como eje inalterable de la disputa, pero encuentra a las partes en escenarios completamente diferentes en un año electoral y ante la amenaza de la crisis financiera global.
Seis de cada diez argentinos atribuyen la desaceleración económica del país al conflicto agrario, frente a un 25,8 por ciento que achaca los males a la crisis internacional, según un sondeo de la consultora Ibarómetro.
La crisis se detonó el 11 de marzo de 2008 cuando el Gobierno de Cristina Fernández anunció un nuevo esquema de tributos móviles a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cultivos de los cuales Argentina es uno de los principales proveedores mundiales.
Por entonces, la crisis alimentaria era un tema predominante en los foros internacionales y los precios de los cereales se disparaban a su récord histórico, alcanzado finalmente en julio.
El polémico esquema tributario suponía fuertes alzas en los impuestos a las exportaciones con base en los precios internacionales con el fin de "redistribuir" la "renta extraordinaria" del campo y garantizar el abastecimiento interno a "precios razonables", adujo Fernández, que por entonces llevaba tres meses de gestión.
Ninguno de esos argumentos fue aceptado por el campo, que desde el inicio del conflicto realizó seis huelgas comerciales, logró fortaleza como sector otrora dividido y capitalizó en torno a sus crecientes protestas el tímido descontento de sectores medios de la población desencantados con el Gobierno de Fernández.
El fuerte pulso entre el Gobierno y las patronales rurales tuvo un capítulo central en julio pasado, cuando el esquema impositivo fue rechazado por el Parlamento en un reñida votación que fue desempatada en favor del campo por el vicepresidente argentino y titular del Senado, Julio Cobos, a quien el oficialismo comenzó a llamar "Judas".
Tras la dura derrota política, el Gobierno retomó el diálogo con las patronales rurales hace sólo dos semanas, acercamiento empujado por nuevas amenazas de huelga entre los hombres del campo.
El Fisco cobra impuestos a la exportación de trigo (23 por ciento), maíz (20 por ciento), soja (35 por ciento) y girasol (32 por ciento) que las firmas colocadoras, la mayoría multinacionales, descuentan del precio que pagan a los agricultores.
Las patronales insisten en sus demandas para reducir esos impuestos, pero el Gobierno se niega por cuestiones fiscales y remarca que la presión impositiva hubiera sido menor si rigiera el esquema de tributos móviles rechazado por el Parlamento.
La situación actual de los productores rurales es bien diferente a la de hace un año: los precios internacionales de los granos se han derrumbado por la crisis global, los costos de producción han aumentado y los márgenes de ganancias son en el mejor de los casos magros, en algunos casos inexistentes, afirma el campo.
Para colmo, los fértiles suelos argentinos se vieron azotados en los últimos meses por la peor sequía que se recuerda en los últimos cincuenta años.
Sólo por el impacto climático, se calcula que las pérdidas en el sector agropecuario pueden recortar en 1,6 puntos porcentuales la previsión oficial de un crecimiento económico del 4% en 2009, de acuerdo a un informe de la Sociedad Rural.
Para Confederaciones Rurales, las pérdidas del sector sumarán 43.000 millones de pesos (unos 12.000 millones de dólares), lo que supondría un duro golpe para la economía, que ya acusa los primeros signos de deterioro tras seis años de expansión a tasas cercanas al 9% anual.
En este contexto, el remanente de la última cosecha de soja -de cuatro millones de toneladas, según los productores, y de nueve millones, según el Gobierno- retenido en silos y bolsas de acopio supone para el Fisco una demora en la recaudación de millonarios impuestos por exportaciones, lo que en parte presiona al alza el valor del dólar.
El conflicto también desgastó a Fernández, cuya imagen positiva pasó de un 54 por ciento antes del estallido del conflicto al actual 29 por ciento, mientras que el descontento creció del 15 al 41 por ciento, según el último sondeo de la consultora Poliarquía.
La caída de popularidad de la mandataria no es un dato menor en un año donde el Parlamento renovará bancas en unos comicios pautados para octubre y para los que la oposición busca aglutinarse, mientras se muestra cada vez más cercana a los dirigentes agropecuarios.
Evolución del conflicto agrario en Argentina
Buenos Aires, 11 mar (EFE).- Estos son los principales acontecimientos del desarrollo del conflicto entre el Gobierno argentino y el sector agropecuario, que cumple hoy un año:
2008:
-11 de marzo: tras dos días de bloqueos a los puertos por parte de los productores agropecuarios en protesta por la prohibición de exportar trigo, el Gobierno anuncia un nuevo esquema de impuestos a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz, cuya tasa varía en función de los precios internacionales de los granos.
-13 de marzo: las cuatro grandes entidades agropecuarias inician una huelga comercial reforzada con bloqueos de carreteras en varios puntos del país.
-25 de marzo: la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, califica la protesta como una "extorsión".
En Buenos Aires y las principales ciudades del país se escuchan "cacerolazos" contra el Gobierno. Sectores afines al oficialismo acuden a la Plaza de Mayo para impedir el paso de manifestantes críticos. Se producen algunos incidentes.
-27 de marzo: desabastecimiento de alimentos básicos en las principales ciudades del país. Fernández convoca al diálogo, aunque condiciona la negociación al levantamiento de los bloqueos.
-28 de marzo: Se suspenden los bloqueos y se habilita una mesa de negociación con el Gobierno, que finalmente fracasa por falta de acuerdos. Los productores retoman los piquetes.
-31 de marzo: el Gobierno anuncia compensaciones para pequeños productores. Las organizaciones agropecuarias reaccionan con cautela y ratifican la continuación de la huelga hasta el 2 de abril.
-1 de abril: El oficialismo se moviliza en Buenos Aires en respaldo del Gobierno. Los productores agropecuarios permiten el tránsito de camiones con alimentos perecederos, como lácteos y hortalizas.
-6 de abril: el Gobierno denuncia ante la Justicia a las entidades del campo por "violar las leyes de abastecimiento y seguridad" e "impedir el normal funcionamiento del transporte", tras la huelga de 21 días y las protestas del sector.
-11 de abril: Se reanudan las conversaciones entre el Gobierno y las patronales agrarias.
-30 de abril: los productores y el Gobierno llegan a un acuerdo para reanudar las exportaciones de carnes y trigo.
-2 de mayo: las patronales agropecuarias retoman las protestas, aunque sin bloquear carreteras ni reanudar la huelga comercial, a la espera de negociar.
-6 de mayo: las entidades del campo se reúnen con el Gobierno y aseguran que el Ejecutivo admitió que hubo errores en la aplicación del nuevo esquema impositivo, lo cual fue desmentido horas más tarde por las autoridades.
-7 de mayo: las entidades agropecuarias suspenden la comercialización de granos para la exportación hasta el 15 de mayo y se manifiestan al costado de las rutas, aunque garantizan el abastecimiento de alimentos. La protesta se ampliará después hasta el 21 de mayo.
-23 de mayo: gobierno y patronales agropecuarias retoman las negociaciones. La reunión concluye con declaraciones oficiales de optimismo y una clara disconformidad del campo.
-25 de mayo: el sector rural convoca a cerca de 300.000 personas en Rosario (centro de Argentina) para reclamar la derogación de la subida de impuestos a las exportaciones de granos.
-26 de mayo: el gobierno rompe las negociaciones por el "tono opositor" del acto en Rosario.
-28 de mayo: el campo vuelve a no comercializar granos con destino a la exportación.
-29 de mayo: el gobierno anuncia una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos, pero los cambios no satisfacen al sector rural.
-17 de junio: el gobierno envía el decreto de subida tributaria al Congreso para su discusión.
- 15 de julio: Movilizaciones multitudinarias convocadas a favor y en contra de la política gubernamental en el conflicto del campo colapsan Buenos Aires.
- 17 de julio: el Gobierno sufre un duro revés tras el rechazo del proyecto en el Senado con el voto del vicepresidente del país, Julio Cobos.
- 18 de julio: el Gobierno anula la resolución del 11 de marzo y recupera las retenciones fijas que regían desde de noviembre de 2007.
- 18 de agosto: los productores rurales retoman protestas en los márgenes de las rutas.
- 3 de octubre: las patronales rurales inician una nueva huelga comercial en reclamaciones al Gobierno.
- 10 de octubre: el Gobierno anuncia un fondo de 230 millones de pesos (unos 56,2 millones de euros) para los productores afectados por la sequía, medida que los dirigentes rurales consideran insuficiente.
- 20 de noviembre: las patronales rurales reclaman un "plan de emergencia agropecuaria".
2009:
- 14 de enero: el Gobierno abre una línea de créditos subsidiados para la compra de maquinaria agrícola, entre otras medidas destinadas al "mantenimiento del empleo y la reactivación" del sector agropecuario, afectado por una severa sequía.
- 18 de febrero: el sector agrario reprocha las "dilaciones inexplicables" del Ejecutivo para convocarle al diálogo. El gobierno revela contactos secretos con una de las cuatro patronales rurales.
- 19 de febrero: el Gobierno convoca al campo a una reunión para el martes 24 de febrero. Los dirigentes agrarios aceptan el diálogo pero convocan a una nueva huelga comercial de cuatro días.
- 20 de febrero: patronales agrarias inician sexta huelga comercial desde el estallido del conflicto.
- 24 de febrero: tras siete meses sin diálogo, gobierno y campo retoman negociaciones.
- 3 de marzo: el gobierno y las patronales firman un acuerdo que plasma mejoras para la producción de lácteos, trigo y carnes de vacuno.
- 10 de marzo: Al cabo de una nueva ronda de negociaciones con las autoridades, las patronales agropecuarias se lamentan de los "escasos resultados" y reiteran que seguirán reclamando por la presión del Fisco.
