La decisión de la Justicia argentina de archivar la causa por el material incautado en un avión militar de Estados Unidos ha dejado la solución de este nuevo conflicto entre Buenos Aires y Washington en manos de la Aduana, organismo dependiente del influyente ministro de Economía, Amado Boudou.
Fuentes de la Aduana confirmaron hoy a Efe que sus funcionarios proseguirán con la investigación administrativa de la presunta falta aduanera cometida por los Estados Unidos debido a las diferencias entre la declaración de la carga del avión y lo que efectivamente transportaba.
Este jueves el magistrado en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso el archivo de la investigación judicial de los hechos por inexistencia de delito.
El incidente, ocurrido el mes pasado, ha resentido la relación entre Argentina y Estados Unidos y, tras el cierre del capítulo judicial, la solución a la controversia regresa a la esfera política, ya que el caso queda en manos de un organismo que depende del Ministerio de Economía comandado por Boudou, uno de los miembros más influyentes del Gabinete de Cristina Fernández.
Otro de los ministros que ha intervenido en la polémica ha sido el canciller argentino, Héctor Timerman, quien en su momento presentó una queja diplomática en Washington exigiendo explicaciones y colaboración para esclarecer lo ocurrido.
Sin embargo, desde la decisión judicial de este jueves, Timerman no ha hablado públicamente sobre este asunto.
"No hay novedades sobre este tema de momento. Silencio", indicaron hoy a Efe fuentes del Ministerio de Exteriores argentino.
Por una actitud similar optaron hoy en la embajada estadounidense en Buenos Aires, donde portavoces consultados por Efe indicaron que no opinarán sobre el asunto y remitieron cualquier consulta al Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró hoy en su cuenta en Twitter casi como una obviedad la decisión de Aguinsky ya que el magistrado inició su investigación de oficio pues la Aduana no denunció un delito sino una falta aduanera.
También se refirió al tema, a preguntas de la prensa, el embajador argentino ante la ONU, Jorge Argüello, quien restó importancia al conflicto, aseguró que "no ha tenido la mayor repercusión en Estados Unidos" y apuntó que "no ha repercutido" en las relaciones entre las misiones de EE.UU. y Argentina ante Naciones Unidas.
Portavoces de la Aduana consultados por Efe indicaron que la mercadería decomisada -armas, medicamentos y equipos de comunicaciones, entre otros elementos- permanece bajo su custodia.
"Un funcionario aduanero que tiene facultades de juez administrativo determinará si realmente los hechos constituyeron una falta administrativa, que es lo que la Aduana sostiene, o no", explicaron.
Este proceso administrativo, cuya duración es indeterminada, puede concluir con el cierre del caso y la devolución de la carga a Washington o con multas, la destrucción de lo decomisado, su donación o incluso una subasta pública, según precisaron las fuentes consultadas.
Los elementos retenidos, cuya inmediata devolución exige la Casa Blanca, iban a ser utilizados en un curso de entrenamiento a policías argentinos.
Según un informe presentado por la Aduana al juez Aguinsky, las armas decomisadas en el procedimiento realizado en el aeropuerto argentino de Ezeiza el pasado 10 de febrero son automáticas que pueden tirar a repetición una importante cantidad de proyectiles y que fueron utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo y en Afganistán.
De acuerdo al informe, el ingreso "irregular" de estas armas a Argentina, "tal como se ha constatado, podría haber ocasionado que quedaran en el país en el mercado ilegal de armas".
En cuanto a los medicamentos y psicotrópicos, algunos de los cuales estaban vencidos, las autoridades aduaneras pretenden determinar su uso.
