El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) consideró hoy una "fuerte declaración de apoyo a la libertad de prensa" la orden de la Corte Suprema de Argentina de que el Estado evite discriminaciones y mantenga un "equilibrio razonable" en el reparto de la publicidad oficial.
"Instamos al Congreso a que adopte el próximo paso y promueva una legislación que limite la capacidad discrecional del Gobierno en la distribución de la publicidad", afirmó hoy el coordinador para el programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, en un comunicado.
El miércoles, la Corte Suprema de Argentina ordenó al Estado que mantenga un "equilibrio razonable" en el reparto de la publicidad oficial, tras la denuncia del grupo editorial Perfil al Ejecutivo, por usar "claramente la publicidad oficial como un subsidio encubierto para premiar" a los medios más complacientes con su gestión o castigar a los críticos.
La empresa presentó una demanda que exigía el "cese inmediato" de la política discriminatoria del Gobierno contra el periódico Perfil y dos revistas del grupo, excluidas de la publicidad oficial.
La causa llegó a la Corte Suprema tras el recurso presentado por el Estado contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Esta cámara admitió el amparo del grupo Perfil y ordenó al Estado a que en quince días dispusiera la distribución oficial en las distintas publicaciones de la editorial, "respetando un equilibrio razonable con aquellas de análogas características".
Para Lauría, "la decisión de la Corte Suprema es una fuerte declaración de apoyo a la libertad de expresión en Argentina".
"La Administración de Cristina Kirchner, en línea con el sistema institucionalizado durante la presidencia de su esposo, ha manipulado la distribución de la publicidad oficial para sancionar económicamente a los medios críticos y premiar a los que apoyan al Gobierno", aseguró el CPJ.
En el citado comunicado añadió que "la malversación de la publicidad gubernamental viola los artículos 14 y 32 de la Constitución de Argentina, que prohíben la censura y garantizan la libertad de prensa, respectivamente, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos".
