La Defensoría del Pueblo alertó hoy de que 199 de los 1.103 municipios de Colombia padecen un riesgo electoral alto, es decir, resulta probable que sufran actos violentos por parte de grupos guerrilleros y herederos de los paramilitares de cara a los comicios locales y regionales del próximo 30 de octubre.
"Las diferentes organizaciones armadas al margen de la ley desde luego son la fuente directa del riesgo electoral que se cierne sobre diferentes regiones y subrregiones del país", afirmó el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, durante la rueda de prensa en la que presentó un informe sobre los riesgos en las elecciones regionales de este año.
Colombia experimenta desde hace más de cuarenta años un conflicto armado que ha involucrado a grupos guerrilleros de inspiración comunista, paramilitares de ultraderecha y a la fuerza pública del país en acciones y enfrentamientos que han vulnerado los derechos humanos de la población civil.
La intensidad del conflicto ha bajado en los últimos años y un ejemplo de ello es que en las elecciones regionales de 2007 el número de municipios con riesgo alto ascendía a 310, frente a los 199 actuales.
En las elecciones del próximo 30 de octubre, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) presentan amenaza en 150 municipios; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 38 y los nuevos grupos armados ilegales, que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 119, según el informe de la Defensoría.
"Los actos de amenaza son la conducta prevalente en las diferentes regiones del país", indicó Pérez, porque resulta probable que sucedan en 163 municipios del país andino.
Otros riesgos son los ataques o atentados, que podrían presentarse en 106 municipios; homicidios en 62; retenciones ilegales, secuestros o toma de rehenes en 40 y perturbación del certamen democrático en 139.
Pérez recordó que, en lo que va de año, se ha registrado la muerte violenta de 19 aspirantes políticos en diferentes regiones del país, 41 amenazas y cuatro atentados.
Las intenciones que impulsan a los distintos grupos armados a interferir en los procesos electorales varían según su ideología, explicó Pérez, ya que mientras la guerrilla intenta deslegitimar al sistema democrático, los herederos del paramilitarismo presionan para que el elegido no represente intereses contrarios a los suyos.
