Un funcionario argentino que ganó protagonismo con la decisión del Gobierno de nacionalizar los fondos de pensión administrados por entidades privadas está en la mira de un fiscal al que la Procuraduría General recortó atribuciones, en una decisión que ha generado polémica, informa hoy la prensa local.
Amado Boudou, director de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el organismo público a cargo del sistema de jubilación estatal en Argentina, fue acusado de "malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de funcionario público" por el fiscal Manuel Garrido, que investiga delitos de corrupción.
Los diarios Crítica y Clarín de Buenos Aires aseguran hoy que esta denuncia de Garrido disparó la decisión del procurador general de la nación, Esteban Righi, de limitar el campo de acción del fiscal de investigaciones administrativas.
En cinco años, Garrido impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, empresarios, ministros y el propio matrimonio de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y Néstor Kirchner (2003-2007).
En este caso, Garrido, ante una denuncia de la Defensoría del Pueblo, impulsó un expediente para que se determine si las autoridades de la ANSES cometieron un delito al no girar unos fondos previsionales reclamados por la provincia de Córdoba (centro).
Garrido aceptó la denuncia y abrió una causa en el fuero criminal y correccional el 22 de octubre pasado, un día antes de que Cristina Fernández anunciara el envío al Parlamento de un controvertido proyecto de reforma previsional, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Diputados.
Hace unas días se conoció la noticia de que el procurador general de la nación, el jefe de los fiscales, determinó que Garrido no podrá intervenir en causas que no se hayan iniciado por su denuncia y dependerá del fiscal del caso en las que ya ha comenzado.
Esta decisión fue interpretada por la oposición como una "garantía de impunidad" para funcionarios sospechosos de corrupción.
"La medida tiene por objetivo garantizar la impunidad de numerosos funcionarios sospechados de corrupción que tiene el Gobierno", denunció la dirigente opositora Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria del país.
Manuel Garrido ha reclamado la intervención del Parlamento para evitar el recorte de sus atribuciones, al destacar que en Argentina "hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción".
