Un desmovilizado de las FARC y ahora presidente de una ONG y un detective figuran entre siete miembros de una red que sembraba minas antipersonales y cobraba recompensa a las autoridades por los presuntos hallazgos de esos artefactos, informaron hoy fuentes judiciales.
Un comunicado de la Fiscalía precisa que Jorge Dídier Polanía Sánchez, presidente de la ONG Manos por la Paz y desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "transportaba minas antipersonales que eran instaladas y luego denunciadas a las autoridades para recibir la recompensa".
Añade que "con ayuda de un agente encubierto del DAS, se llegó al desmantelamiento de una red integrada por los desmovilizados" de la misma guerrilla "y un agente del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, inteligencia estatal), que está suspendido de su cargo", así como por el presidente de Manos por la Paz.
Los siete detenidos fueron afectados bajo los cargos de "concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares, tentativa de estafa, y empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales", según el comunicado.
Los afectados, además de Polanía Sánchez, son el agente del DAS Óscar Andrés Arroyo Morales, los también desmovilizados de las FARC Magnolia Montes Loaiza, Jimmy Alejandro Ordóñez Triana y Jorge Armando Castaño Jiménez, y el particular Fredy Castro Molina.
El fiscal del caso señaló que Polanía Sánchez, jefe del grupo, transportaba en un vehículo asignado por el Ministerio del Interior y de Justicia para su protección las minas antipersonales que la red fabricaba y que eran sembradas en los departamentos del Tolima y Huila (sur).
Luego, los desmovilizados denunciaban la ubicación de los artefactos explosivos, "con lo que lograban acceder a las recompensas estatales ofrecidas", según las fuentes.
Los ahora encausados fueron descubiertos por el trabajo de un agente del DAS encubierto, y por interceptaciones telefónicas que permitieron establecer que la actividad ilegal había empezado a comienzos de este año.
La Fiscalía señaló también que "ninguno de los imputados aceptó cargos" y el juez los remitió a la Penitenciaría La Picota y al Buen Pastor, cárceles de varones y mujeres, respectivamente, en Bogotá.
