El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, advirtió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU de que continúa el genocidio en la región sudanesa de Darfur y acusó al Gobierno de Jartum de amparar esos crímenes.
"Persiste el genocidio y se sigue violando sistemáticamente a mujeres y niñas en los campamentos y sus inmediaciones. Estos actos se cometen en la actualidad", aseguró Moreno Ocampo tras presentar su último informe al respecto al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En ese informe añade que el presidente de Sudán, Omar Al Bashir, "tiene a su disposición medios legales para defenderse en el marco del proceso judicial, al igual que está facultado para poner fin a los crímenes, pero más bien opta por encomendar a otros agentes, asociados del Gobierno de Sudán, la responsabilidad de protegerlo mientras el genocidio sigue su curso".
El pasado 14 de julio el abogado argentino pidió que se dictara una orden de detención contra Al Bashir al acusarlo de diez cargos relacionados con genocidio y crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal que debe tomar esa decisión aún no se ha pronunciado.
Está previsto que la decisión se adopte en los próximos meses, por lo que el fiscal general aseguró hoy en una rueda de prensa posterior que hay que estar preparados.
También pidió que no se preste "apoyo político alguno ni se suministre ayuda financiera a las personas contra las que se hayan dictado órdenes de detención o a quienes las protegen", y defendió, igualmente, la conveniencia de que se impongan prohibiciones personales de viajar y congelaciones de activos a esas personas.
"Los estados deben cortar todo contacto no esencial con los inculpados. Todo el que viaje al territorio de un Estado Miembro de Naciones Unidas debe ser detenido y entregado a la Corte", añade el argentino en su informe.
Matiza además que "el rango o cargo oficial de una persona contra la que los magistrados hayan dictado una orden de detención no deberán ser motivo para concederle inmunidad ante la CPI".
Detalló que continúan las violaciones de mujeres y se sigue obstaculizando la asistencia sanitaria y, pese a todo ello, Jartum no colabora e, incluso, niega que sea cierto.
Tras recordar que Al Bashir ha llegado a decir que las violaciones masivas no existen, el fiscal general de la CPI apuntó que en Darfur sigue pendiente la ejecución de dos órdenes de detención y que "los magistrados adoptarán en breve nuevas decisiones".
Por ello pidió que los estados colaboren plenamente con el CPI y se estudien medidas para garantizar que esas órdenes se cumplen.
"Se cometen y salen a la luz crímenes en masa. La cooperación debe servir de base a nuestras intervenciones de hoy en adelante", defendió.
En su opinión, el control por parte de Al Bashir "del aparato estatal encarnado en la jerarquía oficial se ve incrementado en la práctica por una compleja red de estructuras de mando. Ministros, gobernadores, mandos militares y milicias le envían periódicamente informes de los crímenes perpetrados. Los actos de destrucción se cometen porque así lo quiere el presidente".
El conflicto de Darfur comenzó en enero de 2003, cuando dos grupos armados se rebelaron contra el Gobierno por la situación de pobreza en la que se encontraba sumida esa región.
Desde entonces unas 300.000 personas han muerto y al menos dos millones y medio más se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según la ONU.
