El Fiscal General de Ecuador, Washington Pesántez, criticó hoy la decisión del Ejecutivo de someter a la prueba del polígrafo a los miembros de la Policía Judicial, porque a su juicio no solo no es fiable, sino que constituye una violación de los derechos humanos.
Pesántez se declaró en contra del "uso indiscriminado del polígrafo para determinar el grado de honradez" de la Policía Judicial tanto desde el "punto de vista legal" como de "respeto del derecho del otro".
El nuevo ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, anunció durante su investidura el pasado 13 de mayo que todo el personal de la Policía Judicial deberá "someterse periódicamente al polígrafo" para "iniciar la transformación inmediata del sistema de investigación".
Pesántez se dirigió al Presidente del Ecuador, Rafael Correa, para recordarle que la Constitución del país, aprobada en 2008, establece que "se reconoce y garantiza a todas las personas el derecho al honor y al buen nombre" y "a la intimidad personal y familiar".
El fiscal aseguró que, mediante el uso del polígrafo, se "pretende destruir con novelerías" los "diez años de un proceso" que la Fiscalía lleva a cabo para reformar y especializar los métodos de investigación.
Según dijo, el polígrafo es "totalmente inaceptable como método probatorio" porque "nadie está obligado a soportar tratos degradantes" y porque al tratarse de una prueba que "valora las reacciones emocionales", "las personas nerviosas" que se sometan al detector "pueden aparecer como culpables de algún hecho" sin serlo.
Pesántez aseguró que el polígrafo "no se encuentra legitimado como medio de prueba en la legislación ecuatoriana" y, bromeó con que, de serlo, ya no sería necesario presentar en los juicios testimonios o pruebas periciales.
En lugar del polígrafo, el Fiscal General afirmó que para un mejor rendimiento de la Policía Judicial es necesaria la "formación técnica y científica de manera sostenida" y una mejora de sus "equipamientos e infraestructuras".
