El Gobierno argentino disolvió hoy por decreto un organismo de control agropecuario que era cuestionado por el campo y creó en su reemplazo un ente interdisciplinario destinado a la promoción de las actividades rurales.
La decisión, adoptada por la presidenta del país, Cristina Fernández, fue publicada en el Boletín Oficial.
Por medio de dos decretos, Fernández dejó sin efecto la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y ordenó a su vez la creación de la denominada Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno.
Este ente será presidido por el ministro de Economía, Amado Boudou, y estará integrado por los titulares de las carteras de Agricultura, Industria y Comercio Interior, además de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La ONCCA, que se encargaba de distribuir subsidios a los productores, había comenzado a funcionar a finales de 1996 y actualmente dependía del Ministerio de Agricultura.
En los últimos años se habían multiplicado las denuncias de corrupción en el organismo.
En una breve comparecencia ante los periodistas, Boudou definió la decisión oficial como "un cambio de paradigma" en la relación del Estado con el sector agropecuario.
"A partir de ahora se van a administrar con una nueva visión los subsidios para el sector agrícola. Habrá tres ejes básicos: asegurar el abastecimiento interno, el aumento de la oferta agropecuaria y un desarrollo balanceado del sector para que crezcan tanto los pequeños como los grandes productores", sostuvo.
Dirigentes rurales, aunque con mesura, celebraron la decisión del Gobierno, al tiempo que pidieron modificaciones "de fondo y no de forma" en las políticas agropecuarias.
Alfredo de Angeli, dirigente de la Federación Agraria Argentina, consideró que la decisión "puede ser un primer paso en la reconciliación del Gobierno con el campo"
"Nunca pensé que lo iban a hacer tan rápido, o que lo iban a hacer sin comunicarlo ante las entidades del campo. La ONCCA fue un nicho de corrupción para muchos. Ahora hay que ver si cambia la política", destacó en declaraciones a radio La Red.
Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural, dijo que la "sorpresiva" medida responde a un "viejo pedido" de las patronales agropecuarias, aunque manifestó su deseo de que no suponga "esconder la tierra debajo de la alfombra y terminar con las investigaciones de las denuncias de corrupción".
Para Mario Llambías, su colega de Confederaciones Rurales Argentinas, es "bueno" que se trate de desregular, aunque, al igual que Biolcati, se preguntó por el futuro de las causas abiertas por corrupción.
El Gobierno de Cristina Fernández mantiene una tensa relación con el campo desde el duro enfrentamiento que mantuvieron en 2008 por los impuestos a las exportaciones de granos.
El conflicto se ha saldado con nueve huelgas comerciales de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina, uno de los primeros países productores y exportadores mundiales de alimentos.
