Papel Prensa, eje de disputa entre el Gobierno argentino y el grupo Clarín
Papel Prensa, principal fabricante de papel para periódicos de Argentina, es eje de una fuerte disputa entre el Gobierno de Cristina Fernández y el grupo de medios Clarín, que, junto con el diario La Nación, controla la sociedad también participada por el Estado argentino.
Fundada en 1972 con el objetivo estratégico de librar a los medios locales de los onerosos desembolsos para la importación de papel para diarios, no fue hasta 1978, bajo la dictadura argentina, cuando inauguró su propia planta de fabricación, la primera del país, en la localidad bonaerense de San Pedro.
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
Proveedora de unos 170 diarios, acapara el 75% del consumo doméstico de papel para periódicos, mientras que el resto proviene de la importación.
En abril de 2008, la presidenta, Cristina Fernández, cuestionó por primera vez públicamente a los socios privados en la empresa.
El conflicto se agudizó en noviembre de 2009, tras la promulgación de la ley de Medios Audiovisuales que afecta a los intereses de los grandes grupos multimedia, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, pidió al Parlamento una investigación por supuestas irregularidades en Papel Prensa.
Según el ministro, la compañía no respondía a los pedidos de información sobre costos, tarifas y decisiones comerciales, y cobraba a los pequeños diarios precios hasta un 30 por ciento más altos que a Clarín y La Nación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV, regulador de los mercados) abrió un sumario por supuestas "irregularidades" en las decisiones del directorio de la empresa, mientras que los socios privados denunciaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por un presunto "un plan criminal" para intervenir la compañía.
Moreno respondió con una denuncia penal contra la empresa por supuestas irregularidades administrativas.
Clarín y La Nación fueron respaldados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunció un "ataque" del Gobierno a Papel Prensa que, a su juicio, "podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo para controlar la labor informativa".
En enero pasado, Boudou anunció una resolución por la que Papel Prensa debería fijar un único precio de venta de su producto, medida que fue frenada por una orden judicial.
Un mes después, Moreno denunció al directorio de Papel Prensa y pidió la intervención judicial de la empresa, medida que también fue solicitada por la CNV, ante lo cual la Justicia nombró en marzo un coadministrador.
En abril, Moreno ordenó a los representantes del Estado en la compañía una investigación denominada "Papel Prensa: la verdad" -cuyo contenido fue divulgado hoy- sobre las circunstancias en las que Clarín y La Nación ingresaron al accionariado de la compañía durante la dictadura (1976-1983).
Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que crecer, incluso con violentas escenas dentro de la compañía y en las asambleas de accionistas que derivaron en nuevas presentaciones ante la Justicia.
La semana pasada, un informe de la comisión fiscalizadora de Papel Prensa, integrada mayoritariamente por síndicos del Estado, denunció "extremas irregularidades y debilidades de control" en la compañía que la conducen a una situación de "máxima vulnerabilidad" y ponen en "peligro" su continuidad.
Según el informe, "la falta de un plan de inversiones" impide a la empresa cumplir con el mercado interno, con una producción que el año pasado llegó a 158.000 toneladas frente a una demanda de 250.000, y la gestión se orientó a "satisfacer los intereses particulares de los socios privados".
La compañía cerró el primer semestre con un patrimonio neto de unos 88 millones de dólares, activos por 110 millones de dólares y pasivos por 22 millones de dólares.
Fundada en 1972 con el objetivo estratégico de librar a los medios locales de los onerosos desembolsos para la importación de papel para diarios, no fue hasta 1978, bajo la dictadura argentina, cuando inauguró su propia planta de fabricación, la primera del país, en la localidad bonaerense de San Pedro.
El capital de Papel Prensa se reparte entre el grupo Clarín (49%), el Estado (27,46% en forma directa y 0,62% a través de la agencia oficial Télam) y La Nación (22,49%), con un 0,43% en manos de terceros.
Proveedora de unos 170 diarios, acapara el 75% del consumo doméstico de papel para periódicos, mientras que el resto proviene de la importación.
En abril de 2008, la presidenta, Cristina Fernández, cuestionó por primera vez públicamente a los socios privados en la empresa.
El conflicto se agudizó en noviembre de 2009, tras la promulgación de la ley de Medios Audiovisuales que afecta a los intereses de los grandes grupos multimedia, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, pidió al Parlamento una investigación por supuestas irregularidades en Papel Prensa.
Según el ministro, la compañía no respondía a los pedidos de información sobre costos, tarifas y decisiones comerciales, y cobraba a los pequeños diarios precios hasta un 30 por ciento más altos que a Clarín y La Nación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV, regulador de los mercados) abrió un sumario por supuestas "irregularidades" en las decisiones del directorio de la empresa, mientras que los socios privados denunciaron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por un presunto "un plan criminal" para intervenir la compañía.
Moreno respondió con una denuncia penal contra la empresa por supuestas irregularidades administrativas.
Clarín y La Nación fueron respaldados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que denunció un "ataque" del Gobierno a Papel Prensa que, a su juicio, "podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo para controlar la labor informativa".
En enero pasado, Boudou anunció una resolución por la que Papel Prensa debería fijar un único precio de venta de su producto, medida que fue frenada por una orden judicial.
Un mes después, Moreno denunció al directorio de Papel Prensa y pidió la intervención judicial de la empresa, medida que también fue solicitada por la CNV, ante lo cual la Justicia nombró en marzo un coadministrador.
En abril, Moreno ordenó a los representantes del Estado en la compañía una investigación denominada "Papel Prensa: la verdad" -cuyo contenido fue divulgado hoy- sobre las circunstancias en las que Clarín y La Nación ingresaron al accionariado de la compañía durante la dictadura (1976-1983).
Desde entonces, el conflicto no ha hecho más que crecer, incluso con violentas escenas dentro de la compañía y en las asambleas de accionistas que derivaron en nuevas presentaciones ante la Justicia.
La semana pasada, un informe de la comisión fiscalizadora de Papel Prensa, integrada mayoritariamente por síndicos del Estado, denunció "extremas irregularidades y debilidades de control" en la compañía que la conducen a una situación de "máxima vulnerabilidad" y ponen en "peligro" su continuidad.
Según el informe, "la falta de un plan de inversiones" impide a la empresa cumplir con el mercado interno, con una producción que el año pasado llegó a 158.000 toneladas frente a una demanda de 250.000, y la gestión se orientó a "satisfacer los intereses particulares de los socios privados".
La compañía cerró el primer semestre con un patrimonio neto de unos 88 millones de dólares, activos por 110 millones de dólares y pasivos por 22 millones de dólares.
