El Gobierno de Evo Morales aceptó hoy debatir con los empresarios privados de Bolivia el decreto que permitirá incautar los bienes de los implicados en casos de terrorismo, informó el portavoz presidencial, Iván Canelas.
Canelas afirmó en una conferencia de prensa que el Gobierno acepta ir a "un debate en torno a la unidad nacional y en contra del separatismo y del terrorismo".
El Gobierno de Morales aprobó ayer un decreto supremo que permite incautar el patrimonio de los implicados directa o indirectamente en casos de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la unidad del país.
La norma suscitó las críticas de sectores de la oposición y de la Confederación de Empresarios Privados (CEPB), cuyo presidente, Gabriel Dabdoub, propuso al Gobierno un "debate de ideas" y la creación de una ley para establecer en qué situaciones el Estado puede proceder a esas confiscaciones.
Sobre este planteamiento, el vocero presidencial sugirió que el debate sea público, en "cualquier escenario y de cara al pueblo".
Canelas añadió que "el que nada tiene, nada teme", al mencionar que la "justicia boliviana" y la Fiscalía, pero no el Gobierno, serán las que determinarán la culpabilidad de las personas que tengan vinculación con el terrorismo.
El pasado 16 de abril, la Policía boliviana desarticuló una presunta banda terrorista internacional, que según el Gobierno pretendía asesinar al presidente Morales y organizar milicias para promover la separación de la región oriental de Santa Cruz.
