El Gobierno de Bolivia confirmó hoy la designación de forma interina por parte del presidente Evo Morales de 13 magistrados para ocupar las vacantes existentes en los principales órganos del Poder Judicial, que en los últimos años ha atravesado una grave crisis institucional.
El ministro de la Presidencia, Óscar Coca, precisó hoy en rueda de prensa que la ley transitoria promulgada el fin de semana para llenar los vacíos en el órgano judicial establece la designación de cinco magistrados en la Corte Suprema de Justicia, cinco en el Tribunal Constitucional y tres en el Consejo de la Judicatura.
"Estos 13 son los que sí o sí se van a designar", señaló Coca, quien aclaró que existe la posibilidad de nombrar a cinco autoridades suplentes para la Corte Suprema, si bien estas designaciones no son tan urgentes como las primeras.
El ministro reiteró que el nombramiento de los magistrados es de carácter interino, mientras la Asamblea Legislativa organiza los comicios del 5 de diciembre próximo, cuando se elegirá a las nuevas autoridades judiciales, según lo establecido en la Constitución Política del Estado vigente desde 2009.
Agregó que el Gobierno de Morales se encuentra en pleno proceso de consulta con el colegio de abogados y otras organizaciones para elegir a los magistrados interinos, quienes posiblemente sean designados este miércoles 17.
La mayoría de las bajas existentes en los principales órganos judiciales son consecuencia de las sucesivas renuncias de magistrados ante acusaciones y demandas contra ellos presentadas por el partido y el Gobierno de Morales en los últimos cuatro años.
Como consecuencia de ello, la parálisis del Tribunal Constitucional dejó en un vacío jurídico más de 4.000 demandas que afectan a 27.000 ciudadanos.
La ley aprobada el viernes por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha sido criticada por profesionales del área jurídica y por sectores opositores al Ejecutivo boliviano, que argumentan que la norma amenaza la independencia de poderes.
Sin embargo, Coca insistió hoy en que esta norma "era la mejor manera" de resolver la crisis en el Poder Judicial mientras se organizan las elecciones de sus miembros, pues "el país no puede vivir con este vacío jurídico".
